El agua, pilar esencial de la salud pública y la cohesión social, exige una gestión sanitaria rigurosa, participativa y solidaria — especialmente en España, donde el acceso, la calidad y la gobernanza enfrentan problemas estructurales y desafíos climáticos cada vez mayores. Para los gestores sanitarios, conocer los datos, el marco legal y las situaciones reales permite identificar las palancas que hacen posible una gobernanza avanzada, eficiente y cercana.
Recientemente he tenido el privilegio de participar en la Cumbre Amazónica del Agua en Iquitos, Perú; pero aún mayor privilegio fue llegar hasta la misma tras cuatro días de viaje por el río Napo y el gran Amazonas. Visitando las comunidades ribereñas, conociendo de primera mano la problemática de la gestión del agua y especialmente la accesibilidad a agua segura y saneamiento.
En este encuentro participó el relator especial en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Dr. Pedro Arrojo Agudo, quien próximamente presentará ante la Asamblea General su informe titulado “Gobernanza democrática del agua desde un enfoque basado en los derechos humanos”. Es en este documento y en la declaración final de la Cumbre Amazónica del Agua que inspiro todo el contenido de este artículo sobre gestión sanitaria y gobernanza del agua.
Agua y salud pública: una relación fundamental
El agua potable y el saneamiento constituyen derechos humanos básicos, que solamente se pueden promover a través de un enfoque ecosistémico y comunitario como pilares para una gestión democrática. La salud pública española depende de un ciclo integral del agua que garantice la seguridad y calidad en el suministro y en el tratamiento, ya que insuficiencias en la gestión se traducen rápidamente en riesgos sanitarios, desde brotes de gastroenteritis hasta el repunte de enfermedades infecciosas en situaciones de sequía o inundaciones. Recientemente hemos tenido varios casos que han hecho saltar las alarmas en relación a la seguridad del agua.
En España, la exigencia de cumplir con la Directiva Marco del Agua y la normativa sanitaria implica que el abastecimiento, la depuración y la monitorización sean cada vez más rigurosos, tanto en zonas urbanas como rurales. Los municipios pequeños presentan una problemática singular: de los 8.131 municipios, más de 6.500 son de menos de 5.000 habitantes, lo cual les hace enfrentar una importante presión financiera para renovar infraestructuras y dar cumplimiento a la monitorización. En muchas ocasiones para lograr economías de escala utilizan herramientas como la creación de consorcios.
Calidad y acceso: situación actual y brechas
En 2025, España dispone de una capacidad hídrica que ronda el 58% de su media histórica, pero con grandes desigualdades por regiones. El sur, levante y algunas zonas del interior enfrentan restricciones periódicas y cortes en el suministro, afectando a más de 100.000 habitantes en áreas como el Priorat (Tarragona), Sierra Sur (Sevilla) y litoral Málaga. A esto se suma una presión creciente por la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de aguas subterráneas, agravada por la sequía y el cambio climático.
Cataluña destaca por los episodios de sequía en Barcelona y su área metropolitana, donde la calidad y cantidad del agua han llegado a mínimos históricos, obligando a activar restricciones, campañas de ahorro y planes urgentes de inversiones. Otras regiones, como Murcia, apuestan decididamente por la reutilización de aguas depuradas, alcanzando porcentajes de reutilización del 98%, un modelo exportable a territorios con déficit permanente. Si bien la utilización de aguas depuradas puede contribuir a la diseminación de resistencia antimicrobiana, ya que los residuos de antibióticos y bacterias resistentes sobreviven en las estaciones depuradoras y en el medioambiente receptor. El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) de España incluye la vigilancia y monitorización ambiental para limitar esta diseminación, destacando la importancia de control y mejora en tratamiento de aguas, desde un enfoque “Salud Planetaria” que integra salud humana, animal y medioambiental. Por lo que esa reutilización debería realizarse siempre bajo estos parámetros de vigilancia y monitorización.
En España, el acceso al agua aún no es plenamente equitativo: zonas rurales y dispersas sufren más cortes, una monitorización menos rigurosa e infraestructuras obsoletas, lo que impacta especialmente en la morbilidad sanitaria y la vulnerabilidad social.
Catástrofes hídricas: impacto real y gestión de riesgos
Los eventos extremos asociados al agua —inundaciones, sequías, contaminación accidental— han tenido repercusiones directas en la gestión sanitaria española. la DANA de Valencia ha incrementado los riesgos de enfermedades infecciosas y problemas de salud mental a medio plazo, obligando a un despliegue preventivo y asistencial excepcional por parte de la sanidad pública y emergencias.
Todo ello sin entrar en las inundaciones de equipamiento sanitario de primer nivel como ejemplo la situación en Buenos Aires tras las inundaciones de múltiples hospitales o en el Hospital Grande Covián de Arriondas, Asturias, que en 2021 tuvo que ser evacuado en su totalidad.
El incremento de fenómenos extremos obliga a los gestores a desplegar protocolos rápidos de actuación, reservas estratégicas y redes de respuesta sanitaria integradas. La falta de gobernanza anticipada significa más víctimas de enfermedades, mayores costes sanitarios y una recuperación social y económica más lenta.
Gobernanza democrática: fundamentos y lecciones de Naciones Unidas
El informe de la ONU sobre gobernanza del agua remarca principios clave aplicables a España:
Enfoque basado en derechos humanos. Priorizar el agua potable y el saneamiento como derechos básicos, llevando a la prohibición de cortes en situaciones vulnerables y promoviendo tarifas progresivas que permitan el acceso universal.
Participación y transparencia. Dar voz a usuarios, asociaciones de vecinos, observatorios ciudadanos y comunidades mediante consejos de cuenca, plataformas participativas y acceso público a datos e indicadores de gestión.
Rendición de cuentas. Crear mecanismos claros para auditar presupuestos, comparar servicios y responsabilizar a gestores públicos y privados. El Tribunal de Cuentas español ha verificado que la remunicipalización reduce costes y pérdidas de agua en municipios pequeños y medianos, frente a modelos privatizados más caros y menos eficientes.
Equidad y sostenibilidad. Elegir modelos tarifarios por bloques de consumo, subvencionando los usos básicos y penalizando los abusivos; priorizar inversiones en áreas agrarias y zonas rurales para evitar el despoblamiento y la vulnerabilidad hídrica.
Financiación adecuada. No todo debe recaer en tarifas: la inversión pública —presupuestos estatales, fondos europeos, subvenciones directas— es imprescindible para renovar infraestructuras, especialmente en municipios con baja densidad y alta estacionalidad de visitantes.
Innovación y flexibilidad. Aprovechar la digitalización, monitorización inteligente de redes y alianzas público-privadas para optimizar la gestión, compartiendo riesgos e impulsando la modernización tecnológica.
Tipos de agua
Pedro Arrojo identifica y describe el agua en función de sus valores esenciales: como derecho humano (agua para la vida), como requisito ecológico (agua para ecosistemas), como recurso productivo (agua para la producción) y como bien común (gestionada de forma pública y participativa).
Agua para la vida. Es el agua imprescindible para la supervivencia humana, destinada al consumo doméstico básico, como beber, cocinar y necesidades básicas de higiene y saneamiento. Se concibe como un derecho humano fundamental y no puede ser mercantilizada, pues su acceso universal es prioritario.
Agua para los ecosistemas. Esta categoría corresponde al agua necesaria para mantener la salud de los ecosistemas acuáticos y terrestres, que a su vez son clave para la provisión de servicios ambientales como la depuración natural, la regulación de caudales y el mantenimiento de la biodiversidad.
Agua para la producción. Este tipo de agua engloba el uso en actividades productivas como la agricultura, industria y energía. Arrojo recalca que su gestión debe garantizar la sostenibilidad y priorizar el respeto por los derechos humanos y los límites ecológicos.
‘La gestión salva vidas’
Agua como bien común. Además de las clasificaciones anteriores, el Dr. Arrojo subraya que el agua debe ser entendida y gestionada como un bien común y no como una mercancía, lo que implica participación ciudadana en la toma de decisiones y protección frente a privatizaciones abusivas
Niveles de prioridad:
Agua para la vida. Máxima prioridad. Constituye el derecho humano esencial, destinado al consumo básico y a la salvaguarda de la vida y la salud humanas, así como de los ecosistemas.
Agua para la ciudadanía. Segundo nivel de prioridad. Relacionada con servicios generales, como saneamiento y agua urbana, vinculados a derechos ciudadanos y al interés público.
Agua para la producción. Tercer nivel de prioridad. Corresponde a usos económicos o productivos, cuya gestión debe estar subordinada a los usos anteriores y orientada por criterios de sostenibilidad.
Inteligencia Artificial (IA) y agua
La implantación masiva de IA también comporta riesgos relevantes de hiper-explotación hídrica y externalidades ecológicas ocultas. Los sistemas de IA demandan grandes volúmenes de agua para el enfriamiento de centros de datos, que pueden superar millones de litros anuales en zonas ya vulnerables por sequía, como demuestran los casos globales de empresas tecnológicas.
Además, el uso eficiente promovido por la IA puede inducir una “trampa de progreso”: la optimización favorece la expansión de regadíos y actividades económicas intensivas allí donde antes no era viable, llevando a la sobreexplotación de acuíferos, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad y alteraciones del ciclo hidrológico. En España, la aplicación de IA en el regadío puede agrandar la brecha entre pequeños agricultores y grandes explotaciones, ya que no todos acceden en igualdad de condiciones a la tecnología, generando desigualdades y vulnerabilidades sociales.
Retos actuales y oportunidades
España —dentro de este contexto de emergencia hídrica— afronta diferentes retos:
Mejora de la eficiencia (reparación de fugas, modernización de regadíos y monitorización digital).
Gestión integral entre aguas superficiales y subterráneas, evitando la sobreexplotación y promoviendo el dominio público del recurso.
Adaptación al cambio climático, con planificación hidrológica y territorial que minimice los daños de inundaciones y maximice la resiliencia ante la sequía, priorizando soluciones basadas en la naturaleza y el ecosistema.
La implantación de la Inteligencia Artificial en la gestión hídrica supone desafíos cruciales: el enfriamiento de centros de datos demanda millones de litros de agua, agravando la presión en zonas vulnerables por sequía. Además, la optimización de usos puede inducir la expansión descontrolada de regadíos, favoreciendo la sobreexplotación de acuíferos y pérdida de biodiversidad. En España, la desigualdad en el acceso a tecnologías IA puede incrementar la brecha entre pequeños agricultores y grandes explotaciones, generando vulnerabilidades sociales y nuevas tensiones medioambientales.
Para la gestión sanitaria y social española, el agua es mucho más que un recurso técnico: es un bien común vital, sujeto a políticas de inclusión, equidad, participación y sostenibilidad. Dar prioridad al acceso universal, garantizar inversiones públicas, fortalecer la gobernanza democrática en todos los niveles y aprender de las mejores prácticas internacionales son el camino para superar los retos y asegurar un futuro saludable para todos. Porque la gestión salva vidas.
