El contrato social, que es una de las ideas centrales de la filosofía política moderna, permite una explicación de por qué aceptamos vivir bajo un Estado, qué legitima su autoridad, y qué derechos y deberes surgen de ese acuerdo. La teoría no describe un pacto histórico real, sino un acuerdo hipotético que justifica el orden político y la convivencia. Para Rousseau, el contrato social funda la voluntad general, que es la expresión del interés común. El contrato social sigue siendo un instrumento clave para analizar las tensiones entre ciudadanía, Estado y mercado. El concepto se aplica hoy en debates como el equilibrio que debe existir entre protección de datos y seguridad, servicios digitales o eficiencia de la administración. Quiere decir, por ejemplo, que confiamos nuestros datos al sistema de salud, que este los custodia conforme con las leyes, y que además gestiona el sistema de información para asegurar una asistencia con la calidad y eficiencia esperadas mientras minimiza el riesgo de que se vulnere nuestra intimidad. El contrato social exige que el paciente proporcione la información necesaria para su atención y el sistema de salud (Estado) gestiona esa información para esa asistencia, conforme con lo que está previsto en las leyes que son de aplicación y además hace todo lo posible para asegurar su confidencialidad.

El contrato social también se refiere a la tensión entre impuestos, redistribución de la riqueza, pensiones y servicios públicos; y permite discutir sobre la relación entre la libertad individual y el papel del Estado. En Europa, y por lo tanto en España, el contrato social formaliza el estado de bienestar propio de las socialdemocracias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. De esta forma con los impuestos, que además son progresivos en función del nivel de renta, se financian los servicios públicos como la educación, el sistema de salud, los servicios sociales, la seguridad y libertad de todos (policía y guardia civil); y también las infraestructuras como las carreteras, los ferrocarriles y los aeropuertos. El Estado también interviene, aunque de manera menos directa, en las infraestructuras de telecomunicaciones y de distribución de energía. Es decir, pagamos los impuestos y en función del interés general disfrutamos de la seguridad, de los servicios y de los bienes públicos que seríamos incapaces de alcanzar de manera individual.

Durante los últimos días hemos conocido la tragedia que ha ocurrido en Santander, donde una infraestructura sin mantenimiento desde hace años ha colapsado causando la muerte de cinco jóvenes cuando paseaban por una senda costera cuya construcción se abandonó sin terminar. No hace mucho el ministro de Transportes presumía de que en un corto plazo de tiempo los trenes de alta velocidad circularían a 350 km. por hora, para poco después tener que lamentar 46 muertos en el primer accidente de la alta velocidad española. Algo no debe de estar bien en la red ferroviaria cuando todos los trenes que circulan por vías de altas prestaciones han reducido su velocidad y alargado la duración de los viajes, que ahora es indeterminada. Aún no sabemos qué ocurrió en la red eléctrica para que se produjera un apagón que duró más de doce horas y afectó a todo el territorio peninsular español. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, más de 832.000 pacientes están en lista de espera quirúrgica en junio de 2025, con un promedio de días de espera de 119 días, mientras el 8% de la población española espera un promedio de 61 días para consulta externa.

Los españoles asistimos con una mezcla de resignación e indignación al progresivo deterioro de los servicios públicos, porque pensamos que los representantes que hemos elegido no cumplen con su parte del contrato social, que no es otra que gestionar el Estado de forma que la administración y los servicios públicos alcancen el nivel de excelencia que merecemos y que pagamos entre todos. No es aceptable lo ocurrido con los accidentes de Santander y Ademuz, porque, aunque todavía no se han acabado las investigaciones de ambos sucesos, todo apunta al deficiente mantenimiento de las infraestructuras. Tampoco es aceptable que casi un año después sigamos sin conocer qué ocurrió para que España se quedara sin energía eléctrica durante tanto tiempo y qué se va a hacer para que no se repita. Si no se sabe qué ocurrió, no se entiende cómo se va a evitar que vuelva a suceder. Tampoco se conoce si se ha hecho una evaluación de las consecuencias del corte de suministro de energía. Un paciente que necesite atención de la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología espera como promedio 114 días para la consulta y 130 más si precisa intervención quirúrgica, total 244 días, suponiendo que no sufra otras esperas intermedias, por ejemplo, para una exploración de resonancia nuclear magnética. El gobierno tampoco está cumpliendo el contrato social, ni la Constitución, porque durante los tres últimos años no ha cumplido con su obligación de preparar una ley de presupuestos para su debate en las Cortes. Tres años sin ley de presupuestos muestra un profundo desprecio por la Constitución, por el Parlamento (España es una monarquía parlamentaria, no un régimen presidencialista), por la democracia y por los ciudadanos.

En resumen, asistimos a un deterioro profundo de las infraestructuras y de los servicios públicos, consecuencia de la mala gestión del gobierno y de las administraciones públicas. Esta situación muestra una ruptura del contrato social que resulta de extrema gravedad y que es urgente subsanar porque, como se ha dicho antes, el contrato social es el instrumento básico que permite la convivencia.