El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley Antitabaco, una normativa que endurece el marco legal vigente desde 2005 con el objetivo de reducir el impacto del tabaquismo, responsable de más de 51.000 fallecimientos al año en España. La reforma incorpora medidas dirigidas tanto al consumo de tabaco tradicional como a productos emergentes como los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos de tabaco calentado, que pasan a estar regulados en igualdad de condiciones.

Una de las principales novedades es la prohibición de fumar o vapear en terrazas de hostelería, conciertos y espectáculos al aire libre, instalaciones deportivas, parques infantiles, recintos educativos, universitarios y sanitarios, así como en andenes y marquesinas de transporte público. El texto también contempla la obligación de señalizar claramente los lugares donde el consumo de tabaco y derivados está restringido.

La ley veta toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos relacionados con el tabaco en cualquier canal, incluidas las redes sociales. Asimismo, se refuerza la prohibición de venta a menores de edad, que se amplía al consumo, y se introduce la prohibición de los cigarrillos electrónicos desechables por su impacto ambiental y su atractivo entre adolescentes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la norma como “una ley para la mayoría social que pide respirar aire limpio”. Recordó que cada día el tabaco se cobra la vida de 140 personas en el país y subrayó que, con el tiempo, parecerá inconcebible que estuviera permitido fumar en determinados espacios públicos.

Un marco regulador actualizado

La norma establece un régimen sancionador más estricto, con multas que pueden alcanzar los 600.000 euros, y fija un plazo transitorio de 12 meses para que la industria se adapte a las nuevas exigencias. Además, obliga a que todos los productos incluyan información clara sobre su contenido en nicotina y sus características.

Prevención y deshabituación

La ley contempla la reactivación del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, suprimido en 2014, con el fin de coordinar la acción de las administraciones públicas y elaborar informes periódicos sobre el avance en la reducción del consumo. Asimismo, impulsa programas de prevención y apoyo a la cesación tabáquica desde los centros de atención primaria, como parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca responder a la evidencia científica acumulada y a las demandas sociales para combatir una adicción que sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en España.