Durante las últimas semanas han sido noticia que se ha difundido de manera exhaustiva en todos los medios de comunicación varios incidentes que parecen poco o nada relacionados entre sí, aunque todos ellos tienen una característica común, que no es otra que el poco respeto a los derechos de las personas. Hemos conocido el fallo que el Tribunal Supremo ha dictado en el juicio sobre la filtración de información confidencial en la fiscalía general del Estado. Hemos sabido que en una comunidad autónoma un número indeterminado de informes de mamografías correspondientes al programa de cribado de cáncer no se han enviado a las pacientes. También ha trascendido que, en esa misma comunidad autónoma, en el servicio de Anatomía Patológica de un hospital, se congelan sin analizar desde el mes de agosto pasado un número indeterminado de muestras de biopsias y citologías. En la Comunidad Foral de Navarra, otra vez, la enésima, se piden penas de cárcel a empleados del sistema público de salud en dos procedimientos distintos por acceso indebido a la información clínica. El patrón común de todos estos casos es el poco respeto a los derechos de las personas y en su caso de los pacientes.

Desde luego yo no voy a discutir ni siquiera a comentar la sentencia del Tribunal Supremo en el caso del fiscal. Me basta con recordar que algunos de los jueces que hoy tienen que soportar toda clase de descalificaciones e incluso insultos, incluso de miembros del gobierno, son los mismos que dictaron sentencia condenatoria en casos de corrupción que afectaban al partido que hoy está en la oposición. Lo que interesa de este caso es el poco respeto que se tiene a la confidencialidad de los asuntos que conciernen a un ciudadano y a sus abogados cuando se relacionan con la fiscalía. Con motivo de las diligencias judiciales hemos tenido la oportunidad de conocer que varios cientos de personas de distintas categorías tienen acceso a unos correos supuestamente confidenciales. Llama la atención que nadie haya puesto de manifiesto tamaña deficiencia en la protección de datos, que por sí sola es merecedora de reprobación.

Una vez más, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha mostrado su dejadez o su incapacidad -no sé qué es peor- para proteger la intimidad de sus pacientes. Otra vez se han confirmado accesos indebidos a la información clínica que tienen la suficiente seriedad como para acabar en el juzgado con petición de penas de prisión. En los múltiples casos denunciados de vulneración del derecho a la confidencialidad en Navarra, los involucrados siempre han sido empleados del servicio de salud que incumplen gravemente sus obligaciones, sin que se conozca que se hayan mejorado los controles para evitar que se repitan hechos tan dañinos para los pacientes. La alta dirección de este servicio de salud, y los delegados de protección de datos del Gobierno de Navarra y del servicio de salud, son los responsables de que sea posible que un empleado acceda a la información clínica de pacientes con los que no tiene ninguna vinculación asistencial, y de que esta negligencia perdure durante años a pesar de ser conocida sin que nadie le ponga remedio. Estoy seguro de que en otros servicios de salud también se presenta el mismo problema, no hay más que revisar las sentencias judiciales sobre la materia. Parece claro que el respeto al derecho a la confidencialidad que tienen reconocido los pacientes no es ni mucho menos una prioridad en nuestro sistema de salud.

‘El respeto al derecho a la confidencialidad que tienen reconocido los pacientes no es ni mucho menos una prioridad en nuestro sistema de salud’

Por razones que no he sido capaz de comprender tras el estudio de la noticia aparecida en varios medios de comunicación escritos, un número indeterminado de resultados de mamografías correspondientes al programa de cribado de cáncer no se han comunicado a las pacientes. No me queda claro si las exploraciones han sido revisadas e informadas pero esos informes no se han comunicado, o si lo que ha ocurrido es que esas exploraciones están pendientes de ser revisadas e informadas por el radiólogo. Lo que si parece deducirse es que a las pacientes se les decía que, si no recibían el informe, es que la exploración no había detectado alteraciones. En alguna comunidad autónoma a los pacientes diabéticos a quienes se practica anualmente una retinografía se les dice lo mismo, si no hay comunicación es que todo está bien. En ambos casos redactar un informe que diga “sin alteraciones” y enviarlo seguidamente al paciente desde luego no supone una carga de trabajo o de gasto significativa, y supone tratar a los pacientes con el respeto que se merecen. Con algo tan sencillo se evitaría que se “traspapelaran” exploraciones sin que se informara al interesado.

El caso de los estudios de muestras de biopsias y citologías pendientes desde agosto muestra el desinterés de “quien corresponda” por que sus pacientes reciban una asistencia con la calidad que merecen. Meses de retraso en un diagnóstico cuya exploración ya se ha llevado a cabo es algo más que una falta de respeto a los pacientes. Esta situación no deja de ser similar a la de las listas de espera, que solo parecen preocupar cuando se convierten en un problema político, como ha ocurrido en este caso. El crecimiento de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud sin que parezca inquietar a nuestras autoridades, más preocupadas en decidir si las resuelven con peonadas o con envío de pacientes a centros privados que en enfrentarse al fondo del problema, es una muestra más del poco respeto que los derechos de las personas y de los pacientes merecen en nuestra sociedad.

La fiscalía general del Estado, los hospitales, los servicios de salud y la Administración Pública en general tienen que recordar que los ciudadanos, los contribuyentes y los pacientes, e incluso los presuntos delincuentes, son personas con derechos que deben ser respetados siempre. Entre esos derechos está el de la confidencialidad y el de que su asistencia no sufra demoras indebidas.