La sanidad pública, ese derecho conquistado tras décadas de lucha, se enfrenta hoy a una amenaza persistente: la externalización y privatización de servicios. Un proceso que, como una fina lluvia erosionando la roca, va desgastando los cimientos de nuestro sistema sanitario, poniendo en riesgo su universalidad, equidad y calidad.

Externalizar, en esencia, implica que la Administración, en lugar de gestionar directamente un servicio, lo subcontrata a una empresa privada. Esta práctica, que en un principio puede parecer una mera cuestión de eficiencia administrativa, esconde un trasfondo ideológico que busca reducir el papel del Estado en la provisión de servicios esenciales.

Los tentáculos de la externalización se extienden por todas las áreas de la sanidad. Desde servicios auxiliares como la limpieza, seguridad o mantenimiento, hasta áreas clave como la gestión de ambulancias, laboratorios, radiodiagnóstico, e incluso quirófanos completos, están siendo transferidos a empresas privadas.

Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) revela que el porcentaje de gasto sanitario destinado a empresas privadas ha aumentado significativamente en la última década, pasando del 15% en 2010 al 22% en 2020. Este dato, que a simple vista puede parecer poco alarmante, cobra relevancia cuando se analiza en detalle.

En algunas comunidades autónomas, la externalización ha alcanzado niveles preocupantes. En Madrid, por ejemplo, el 35% de los hospitales son gestionados por empresas privadas, con un gasto en externalización que alcanza el 28% del presupuesto sanitario total. La comunidad de Cataluña le sigue de cerca, con un 28% de hospitales gestionados privadamente y un 25% del gasto sanitario destinado a la externalización. En estas regiones, la privatización ha llegado incluso a la atención primaria, con la creación de centros de salud gestionados por empresas privadas que reciben financiación pública.

En el País Vasco, el gasto en externalización se sitúa en torno al 18% del presupuesto sanitario total. Servicios como la limpieza, la seguridad o el mantenimiento están en manos de empresas privadas, lo que ha generado críticas por la precarización de las condiciones laborales y la pérdida de control público sobre la gestión del hospital.

‘Para garantizar un sistema sanitario robusto y equitativo, la inversión debería alcanzar al menos el 12% del PIB’

El gasto en externalización en Aragón se sitúa en torno al 20% del presupuesto sanitario total, y aunque el porcentaje de hospitales gestionados privadamente es del 15%, la adjudicación de servicios a empresas privadas ha generado denuncias por la falta de transparencia en los procesos de licitación y la precariedad laboral de los trabajadores.

Ante esta realidad, cabe preguntarse: ¿es posible un equilibrio entre lo público y lo privado en la sanidad? ¿Puede la colaboración público-privada ser una solución ante la falta de recursos de la administración pública?

La respuesta no es sencilla. Si bien es cierto que la colaboración público-privada puede aportar eficiencia y flexibilidad en la gestión de determinados servicios, es fundamental establecer mecanismos de control y seguimiento que garanticen la calidad asistencial, la equidad en el acceso a los servicios y el cumplimiento de los principios éticos que deben regir la sanidad pública.

Es importante que la Administración Pública asuma su responsabilidad y destine los recursos necesarios para garantizar un sistema sanitario público fuerte y sostenible. La inversión en sanidad no puede verse como un gasto, sino como una inversión en el capital humano, en el bienestar social y en el futuro del país.

Según la OCDE, España destina a sanidad pública un 8,9% de su PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 9,9%. Los expertos coinciden en que para garantizar un sistema sanitario robusto y equitativo, la inversión debería alcanzar al menos el 12% del PIB.

Además de la inversión económica, es fundamental que la administración pública promueva una gestión eficiente y transparente de los recursos, que fomente la participación de los profesionales sanitarios en la toma de decisiones y que garantice unas condiciones laborales dignas y motivadoras para el personal sanitario.

La colaboración público-privada puede ser una herramienta útil en la gestión de determinados servicios, pero nunca debe sustituir la responsabilidad del Estado en la provisión de un derecho fundamental como es la salud. Es necesario establecer un marco regulatorio claro y transparente que garantice el control público sobre la gestión de los servicios sanitarios, la calidad asistencial y la equidad en el acceso a los mismos.