El pasado 20 y 21 de noviembre, tuvo lugar el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario bajo el lema Europa marco jurídico para la salud del Siglo XXI.

Desde la Asociación Española de Derecho Sanitario siempre hemos partido del convencimiento de que, la salud no es solo medicina, ni alcanzarla es solo un derecho, sino que profesionales sanitarios y juristas deben caminar juntos.

No obstante, ese camino compartido debe efectuarse desde el convencimiento de que la protección de la salud ha trascendido del ámbito nacional y es imprescindible analizarla desde una perspectiva europea.

En la actualidad, la agenda normativa que enfrentamos se articula sobre dos grandes ejes: por un lado, la urgente adaptación al ritmo de la innovación tecnológica y avances en materia de salud, y por otro, la necesaria armonización entre normativas nacionales y europeas.

Europa está en un punto de inflexión; con la implementación del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, el Tratado Internacional de Pandemias, y la irrupción de la inteligencia artificial, que prometen transformar la gobernanza sanitaria hacia un modelo común y solidario.

La digitalización de la salud y el despliegue de estas tecnologías ofrecen extraordinarias oportunidades para la mejora asistencial y la prevención de enfermedades, permitiendo aprovechar la enorme cantidad de datos clínicos generados, sin olvidar los desafíos éticos y legales que plantea la protección de datos personales y su uso con fines de investigación e innovación.

‘La salud no es solo medicina, ni alcanzarla es solo un derecho’

Desde la Asociación Española de Derecho Sanitario, tenemos el convencimiento que compartir datos sanitarios anonimizados y pseudoanonimizados constituye un acto de solidaridad que puede salvar muchas vidas.

Además, el pilar del derecho sanitario que es el consentimiento informado se enfrenta a transformaciones profundas debido a la IA, los algoritmos predictivos y la interoperabilidad clínica, con interrogantes sobre responsabilidad legal, transparencia y equidad.

Paralelamente, el emergente debate sobre los neuroderechos plantea preguntas fundamentales sobre la protección de la privacidad mental y la identidad personal, derechos que precisan ser analizadas y adaptarse a los avances científicos.

La pandemia de la COVID-19 nos enseñó que la salud no tiene fronteras y que necesitamos una autoridad sanitaria europea con competencias reforzadas para coordinar respuestas y recursos en tiempo real ante crisis sanitarias.

La conclusión extraída tras dos jornadas de intenso y constructivo debate es que España debe reforzar su papel como referente europeo en derecho sanitario, armonizando su ordenamiento con la normativa de la Unión Europea y apostando por una gobernanza común en salud, una gestión segura de los datos y una resolución más humanizada de los conflictos.