La sanidad es -junto con el sistema de pensiones, la educación y la atención a la dependencia- el mayor activo de nuestro Estado del Bienestar.
Es un landmark en perpetuum mobile1 muy lastrado por el desequilibrio existente entre las necesidades asistenciales de la población -cada vez mayores y más complejas por el envejecimiento, la cronicidad, la polimedicación…- y la limitación de los recursos destinados para que el Sistema Nacional de Salud (SNS) pueda dar un cumplimiento efectivo y tangible a su ikigai2 -promoción de la salud y prevención de la enfermedad3– y hacerlo, además, desde la sostenibilidad y la solvencia.
Aunque las carencias y los conflictos actuales en el SNS son cuantiosos -por ejemplo: la confrontación del sector con el Ministerio de Sanidad por la renovación del ‘Estatuto Marco’4 y la nueva ‘Ley del Medicamento’5; las listas de espera en máximos históricos6; el acceso tardío, limitado y desigual a las innovaciones terapéuticas7…-, cabe considerar la financiación como ‘el Problema’. Sí, con ‘P’ mayúscula.
Es ‘la’ asignatura pendiente desde hace años/legislaturas8–9; una insuficiencia que obstaculiza el progreso efectivo y tangible del SNS en todos sus ámbitos de actividad; que debe ser abordada sin más dilación equiparando en prioridad el ‘cuánto’ -ha de incrementarse- con el ‘cómo’ -hacer posible dicha mejora-, y que ha de solventarse además desde el consenso, como mínimo, entre las principales administraciones implicadas: el Gobierno de España y las comunidades autónomas.
Cuánto y cómo
En lo relativo a la primera cuestión, el ‘cuánto’, la respuesta debe ser precisada y acordada desde el ámbito sanitario, es decir, desde el Consejo Interterritorial del SNS, contando con factores determinantes como el envejecimiento y la cronicidad que antes citaba y que organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal consideran preferentes10.
Sobre la segunda pregunta, el ‘cómo’, ha de ser resuelta desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, contemplando otras variables como la dispersión poblacional o la insularidad, y garantizando suficiencia y eficiencia para que la respuesta del sistema sanitario se aproxime tanto como sea posible en tiempo y forma a lo exigido por la realidad sociodemográfica y epidemiológica presente y venidera.
Y todo ello, a ser posible, con la ratificación de la conferencia de presidentes, en el contexto de un Pacto de Estado y con un nuevo modelo pertinente y flexible que favorezca la sostenibilidad y la solvencia mencionadas a corto, medio y largo plazo.
Necesidad vs. inestabilidad política
Cierto es que la inestabilidad política presente no ayuda precisamente a la consecución del objetivo planteado.
Una muestra representativa en este sentido, derivada de los vaivenes entre los partidos políticos que conforman el Gobierno y de éstos con sus socios en las Cortes, es la incapacidad del propio Ejecutivo para materializar Presupuestos Generales del Estado desde el año 202211.
Otros ejemplos sectoriales -más allá de los seis ministros de sanidad nombrados desde junio de 2018- son la desaprobación del Consejo Interterritorial al ‘Plan de Acción de Salud Mental’12 el pasado febrero -ya resuelta13– o el rechazo al ‘Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública’ en el Congreso de los Diputados en marzo14 -segundo intento in progress…15-.
Sea como fuere, el nuevo modelo de financiación urge, tanto desde el prisma estructural como desde el punto de vista coyuntural -véanse los más de 200 días transcurridos desde la entrada en vigor de la ‘Ley ELA’ sin que se hayan financiado las prestaciones y los derechos que contempla16-.
Urge como política de Estado17 desde la solidaridad, la equidad, la optimización de recursos y la maximización de resultados en salud como principios.
Y urge desde la consideración de toda la intelligentsia existente en el sector, incluida por supuesto la iniciativa privada18, y desde el marco de actuación que representa la Unión Europea per se y frente a amenazas como la que implican -particularmente para la industria farmacéutica19 y las empresas de tecnología sanitaria20– los aranceles propuestos desde Estados Unidos21.
Bibliografía
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- Vila-Matas, E., 2025. Canon de cámara oscura. Seix Barral. P 199.
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 1986.
- CESM, 2025. CESM y SMA trasladan al Senado la problemática con el borrador de Estatuto Marco: “Consagra el maltrato a la profesión médica”. [13 de mayo de 2025].
- Farmaindustria, 2025. Posicionamiento conjunto ante el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios [10 de abril de 2025]
- Ministerio de Sanidad, 2025. Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud: Indicadores. Diciembre 2024 [23 de abril de 2025]
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- RTVE, 2025. Sanidad aprueba el nuevo Plan de Salud Mental: más atención comunitaria y menos internamientos forzosos [4 de abril de 2025]
- EFE, 2025. El pleno del Congreso rechaza crear la Agencia de Salud Pública [20 de marzo de 2025]
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- Calvo, E., 2025. El PP volverá a llevar al Congreso la falta de financiación de la ley ELA. ABC [6 de mayo de 2025]
- Juárez, J. M., 2025. Ahora que de casi todo hace 20 años. New Medical Economics. [3 de marzo de 2025]
- Instituto para el desarrollo e integración de la sanidad, 2025. La sanidad privada representa el 26% del gasto sanitario total y consolida su imprescindible papel dentro del sistema sanitario [24 de abril de 2025]
- Farmaindustria, 2025. Fina Lladós: “Para poder seguir creciendo como país, tenemos que apostar por la colaboración público-privada, simplificar los procedimientos y crear un marco legislativo estable que fomente la innovación y atraiga las inversiones” [7 de mayo de 2025]
- FENIN, 2025. Fenin y el Ministerio de Sanidad se reúnen para analizar el impacto de los aranceles en el acceso a tecnologías sanitarias [16 de abril de 2025]
- RTVE, 2025. Trump anticipa un «importante arancel» a las farmacéuticas para que retornen su producción a Estados Unidos [9 de abril de 2025]