Quién iba a decirme, no hace demasiado tiempo, que me transformaría en un humilde servidor de nuestro rico idioma español, defendiendo su uso adecuado en nuestros discursos cotidianos.
Estoy contento de hacerlo ya que, no confundir los términos en nuestro sector es, incluso más que en otros, muy importante. Con ese error, y sin querer, podríamos ya empezar a crear incertidumbre, que es el preludio de la desinformación.
La desinformación en salud se ha consolidado como uno de los principales problemas estructurales de las democracias contemporáneas.
Aunque la circulación de información errónea no es un fenómeno nuevo, la expansión de entornos digitales y la hiperconectividad han transformado su escala, velocidad y capacidad de impacto.
Aunque ya existía, en pandemia alcanzó extremos increíbles. Incluso se hablaba que esta era una conspiración ejecutada con el propósito de deshacerse de los ciudadanos mayores…, que las vacunas eran un chip para tener control sobre la población, que era la marca del diablo, el signo de la bestia, así que se negaban a su administración.
Se llegó a decir que la vacuna era imposible alcanzarla en tan corto período de tiempo y que ya estaba preparada antes de distribuir el virus.
Todavía, a día de hoy, hay personas diciendo que sus problemas del corazón y riñones fueron consecuencia de las vacunas, y esto por mencionar algunos efectos de los chismes de boca en boca, y la participación ‘magistral’ de muchos periodistas y aficionados con la idea de destruir, más que de ayudar.
En España, donde ya teníamos la mayor parte de la población una profunda desconfianza general hacia nuestros políticos gobernantes, la llegada de la COVID-19 hizo que el fenómeno se incrementara fuertemente.
Ello provocó una gravísima crisis de comunicacional global, caracterizada por la proliferación de teorías conspirativas, narrativas pseudocientíficas, casi brujeriles, y desconfianza también hacia las autoridades médicas y regulatorias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó este segundo fenómeno como infodemia, describiéndolo como una sobreabundancia de información, precisa e imprecisa, que dificultaba a las personas para encontrar fuentes confiables, y una orientación adecuada.
Más allá del problema informativo, la desinformación contribuyó a erosionar la confianza ciudadana en instituciones sanitarias, afectando a la legitimidad de políticas públicas, campañas de vacunación y medidas preventivas.
La literatura sobre este tema distingue entre misinformation (información falsa sin intención deliberada de dañar) y disinformation (información falsa difundida intencionalmente para manipular o generar, beneficios políticos, económicos o ideológicos).
En el ámbito sanitario, ambas formas pueden generar efectos similares: disminución de la adherencia a tratamientos, rechazo a intervenciones preventivas, y deterioro de la confianza institucional.
Generalmente, se considera que, según estadísticas de elaboración propia, para el 70% del personal médico, la desinformación sanitaria representa una amenaza grave para la salud pública, pues es causante de un innecesario, o mal uso de la medicación de forma autónoma, por los pacientes.
Entre los resultados más relevantes leídos durante la pandemia, destaca que un 35% del personal médico escuchó al menos una vez al mes que “la COVID-19 no existía” y, todavía hoy, afirman que sus pacientes siguen diciendo, al menos una vez en igual periodo de tiempo, que las vacunas “sirven para controlar a la población”.
Hasta desde EEUU, con su presidente D. Trump al frente, nos llegaban más bulos que relacionaban al virus con la no utilidad de las vacunas, porque estas causaban autismo, o quitaban eficacia terapéutica al paracetamol. Y nombraban máximo responsable de su sanidad a un acérrimo enemigo de dichas vacunas.
Esos datos también revelan que las redes sociales (25%), e Internet (20%), son las principales fuentes de bulos sanitarios, y que las personas entre 35 y 50 años son quienes más consultan información errónea.
Estudios, ya empíricos, muestran que la exposición reiterada a contenidos falsos incrementa, curiosamente, su percepción de veracidad (“efecto de verdad ilusoria”), fenómeno amplificado por las plataformas digitales que priorizan contenido emocional, fundamentalmente.
No debemos olvidar que los sistemas sanitarios no solo gestionan servicios clínicos, sino también expectativas, incertidumbre y riesgo.
Cuando las políticas de comunicación son reactivas, en lugar de preventivas, utilizan lenguaje excesivamente técnico, minimizan la incertidumbre científica, o carecen de coherencia interinstitucional y se genera un vacío interpretativo.
En ese espacio, la desinformación ofrece relatos simples, emocionalmente satisfactorios y causalmente claros, aunque falsos.
Durante la pandemia de la COVID-19, este patrón fue ampliamente documentado: los retrasos en explicar cambios de criterio científico facilitaron la difusión de narrativas conspirativas que presentaban las modificaciones como engaño o incompetencia deliberada.
En cuanto a los sujetos susceptibles de ser atacados, sin duda todos lo somos. Con la tecnología y la profesionalización de la desinformación, se ha dificultado más aun distinguir lo verdadero de lo falso, aunque algunos sesgos nos hacen más vulnerables e, incluso, los expertos en un tema pueden serlo porque la desinformación puede usar un lenguaje científico.
¿Cómo se puede luchar contra ello? Sin duda, utilizando estrategias de gestión dirigidas a mitigar y reconstruir confianzas perdidas, pero es algo laborioso en el tiempo y requiere intervenciones multisectoriales: miembros del Ministerio de Sanidad y de la Seguridad Nacional, profesionales del periodismo y de la comunicación en salud, pacientes, plataformas tecnológicas, profesionales de la sanitarios… y un largo etcétera.
Estas intervenciones deben pasar por no ocultar incertidumbres científicas, ya que pueden generar mayor desconfianza cuando la evidencia evoluciona. La experiencia española fue calamitosa, incluso con la esperpéntica comisión de agentes del sistema creada por los políticos en el Congreso de los Diputados.
Desde una perspectiva normativa, la reconstrucción de la confianza requiere coherencia ética, transparencia institucional y participación ciudadana. Sin estos elementos, cualquier estrategia comunicacional será percibida como propaganda barata e intencionada para fines sectarios.
Igualmente, se deben promover programas educativos orientados a evaluar fuentes, interpretar datos y comprender procesos regulatorios que reduzcan la vulnerabilidad a contenidos falsos, y conceder voz a los líderes comunitarios y profesionales de salud de las CCAA, pues generan mayores niveles de confianza que las autoridades centrales, habitualmente.
Esto es muy importante, pues la confianza no se construye únicamente mediante comunicación estratégica; requiere sistemas de salud equitativos, accesibles y eficientes. Sin legitimidad estructural, la lucha contra la desinformación resulta insuficiente.
Por hoy, y por necesidades de espacio, estableceré algunas conclusiones y recomendaciones para el presente y el futuro.
Para ello, es bueno recordar cuáles fueron los fallos principales cometidos en las políticas de comunicación, durante la última pandemia sufrida: la comunicación fue vertical y tecnocrática, se hizo una gestión deficiente de la incertidumbre y hubo descoordinación institucional.
En definitiva, la desinformación no surge en el vacío: lo ocupa. Allí donde los sistemas sanitarios no logran comunicar de forma clara, transparente y socialmente legítima, emergen narrativas alternativas que ofrecen sentido y certidumbre.
Por tanto, fortalecer las políticas de comunicación no es un complemento de la salud pública, sino una condición central para su eficacia y sostenibilidad.
Se debería priorizar que hubiera más periodismo y comunicación especializada en salud y ciencia, una gobernanza clara, transparencia y liderazgo institucional, y una respuesta rápida y coordinada ante la desinformación emergente, mejor alfabetización mediática y en salud, con la comunidad y los pacientes en el centro, un fortalecimiento de la comunicación desde las instituciones de salud y, por supuesto, una mayor y mejor formación en comunicación para los profesionales de la salud.
Pero, por favor, nunca olvidemos que la desconfianza en salud pública no surge exclusivamente de la circulación de información falsa; responde a factores políticos, históricos y sociales preexistentes.
Ni tampoco que, la desinformación en salud constituye un desafío estructural para los sistemas democráticos contemporáneos. Sus efectos trascienden el ámbito clínico y afectan a la legitimidad institucional, la cohesión social y la eficacia de las políticas públicas.
La evidencia sugiere que abordar la desinformación no implica únicamente corregir contenidos falsos, sino reconstruir la relación entre ciudadanía, ciencia y Estado, sobre bases de legitimidad, participación y responsabilidad compartida.
Hoy en día siempre debe concederse un espacio a algún comentario sobre la utilidad de la IA en beneficio de luchar contra la desinformación…
Bueno, pues yo creo que sí, seguro.
Así como supone un riesgo tomar decisiones, tras plantear ciertos síntomas a ChatGPT, y obtener respuestas no basadas en la ciencia, podría ser beneficioso obtener respuestas de otras herramientas entrenadas con estudios científicos.
Y también existen ya algunos otros proveedores de salud digital que tienen acceso a fuentes fiables, y aportan informaciones resumidas, veraces, y que conocen sus limitaciones.
Entre ellas, su aún escasa base de datos según áreas terapéuticas, pues están, por ahora, demasiado especializados en información sobre preservativos, o riesgos del alcohol y el tabaco.
