Tal y como argumenté en mi anterior artículo, los profesionales sanitarios son el mayor activo -el ethos, el logos, el pathos y el kairos- del Sistema Nacional de Salud (SNS)1.

Como demuestran a diario, y se vio claramente durante la pandemia de la COVID-192, su expertise clínico, docente e investigador vertebra el modelo -estructura y funcionamiento- y es la principal garantía para la excelencia asistencial.

Sin embargo, la Ordenación Profesional se encuentra en la actualidad muy lejos de sus heydays.

Una muestra representativa de esta realidad son las numerosas manifestaciones y huelgas convocadas en los últimos meses -especialmente desde la profesión médica- contra la propuesta realizada desde el Ministerio de Sanidad para renovar la ‘Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud’3.

Otro ejemplo destacado es el caos -incumplimientos de plazos legales, baremaciones erróneas, negativa ministerial a realizar una auditoría…- que se ha producido en la gestión de las pruebas anuales de acceso a las plazas de formación en especialidades en Ciencias de la Salud celebradas este año4.

Un tercer caso considerable en el mismo sentido es la ausencia de iniciativas de utilidad real frente a las agresiones a los profesionales sanitarios a pesar de que los últimos datos del referido Ministerio de Sanidad5 y de los observatorios de los colegios profesionales muestran una tendencia creciente6.

Y procede también citar otros hechos como la elevada prevalencia del burnout entre los médicos jóvenes7, la desactualización de la normativa en vigor -por ejemplo, al margen del citado Estatuto Marco, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias8- o la inestabilidad institucional derivada del nombramiento de cuatro directores generales en el Ministerio desde junio de 20189.

A partir de todo ello, cabe decir que si hay un ámbito del SNS donde el Gobierno debe redimirse de lo hecho, de lo no hecho, de lo mal hecho… en los últimos años y priorizar la consecución de soluciones útiles y tangibles, ese es, sin duda alguna -y con permiso de necesidades propias de los pacientes como la reducción de las listas de espera o el acceso ágil y equitativo a innovaciones diagnósticas, terapéuticas y tecnológicas- el de los recursos humanos.

Poner término a…

Considerando la definición de la Real Academia Española en la que por ‘Redención’ se entiende la acción de “poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia”10, el Gobierno ha de materializar desde el consenso pleno con las comunidades autónomas y la coordinación real con los representantes de los profesionales acciones que frenen la deriva presente y que estén orientadas tanto al presente como al medio y el largo plazo.

Han de ser acciones que estimulen las vocaciones incluso antes del grado, que sirvan para atraer y fidelizar talento nacional e internacional, que mejoren las condiciones laborales y las retribuciones desde la residencia… medidas, a fin de cuentas, que prestigien y dignifiquen a los médicos, a las enfermeras, los farmacéuticos, los fisioterapeutas, los odontólogos…11 y solucionen las carencias estructurales que el SNS presenta en este ámbito.

Propuestas como las citadas han estado contempladas en distintos intentos para propiciar un Pacto de Estado por la Sanidad que se han planteado en las últimas décadas12, mayormente en los acuerdos bilaterales propiciados desde el Ejecutivo con médicos13, enfermeras14 y farmacéuticos15 en 2013. No obstante, la situación presente es de extrema necesidad y requiere que se tomen las decisiones oportunas con inmediatez.

Estas decisiones han de venir respaldadas por recursos suficientes, es decir, se requieren Presupuestos Generales del Estado actualizados y un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y de la sanidad que contemple de forma explícita el aumento en los costes que conlleven las iniciativas lege ferenda esbozadas.

Si esto no se produce, si no se pone en práctica, como decía, en el muy corto plazo, no solo correrá peligro el statu quo de principal activo del SNS que tienen los profesionales -degradación progresiva de la dedicación, la formación, la capacitación…-, también lo estará por extensión el futuro del propio SNS y del Estado del Bienestar, y lo más importante y preciado que tenemos: la salud y la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros.