La salud pública municipal española sostiene funciones críticas en seguridad alimentaria, sanidad ambiental, control de fauna urbana, bienestar animal y prevención de zoonosis. Sin embargo, el despliegue real de recursos humanos especializados no acompaña a la densidad normativa ni al aumento de obligaciones impuestas a los ayuntamientos. En ese desajuste emerge una evidencia cada vez más difícil de discutir: muchas de las competencias locales más sensibles para la salud colectiva son, en la práctica, competencias de naturaleza veterinaria.

Introducción

España dispone de un marco jurídico que asigna a los municipios responsabilidades directas en protección de la salubridad pública y en ámbitos estrechamente vinculados con la seguridad alimentaria, los mercados, los mataderos, la defensa de personas consumidoras y la protección ambiental. La Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, sitúa estas materias dentro del núcleo competencial municipal (Ley 7/1985). A su vez, la Ley General de Sanidad reconoce como actividad básica del sistema sanitario la que incide sobre la veterinaria de salud pública en relación con el control de higiene alimentaria, la prevención y lucha contra las zoonosis y la evitación de riesgos para el ser humano derivados de la vida animal o de sus enfermedades (Ley 14/1986).

Ese encaje normativo se ha reforzado todavía más con la evolución reciente del enfoque One health, ya incorporado expresamente a la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que define la protección de la salud también en términos de seguridad alimentaria, sanidad ambiental y cooperación intersectorial (Ley 33/2011). El problema no es, por tanto, la ausencia de base jurídica, sino la distancia entre lo que la norma encomienda a los municipios y la capacidad técnica con la que realmente cuentan para ejecutarlo.

Indicador Dato Lectura para salud pública local
Municipios en España 8.132 € La malla local es muy extensa y exige modelos cooperativos.
Municipios con menos de 1.000 habitantes 4.975 € La pequeña escala limita la capacidad para sostener plantillas propias.
Notificaciones SCIRI 2024 con implicación de España 856 € La vigilancia alimentaria exige respuesta técnica estable.
Municipios >20.000 hab. con veterinario municipal (estimación AVEM) ≈20% (80/406) La presencia veterinaria local sigue

Qué exige hoy la salud pública municipal

En el plano local, la salud pública ya no puede reducirse a una idea clásica de inspección higiénica. Hoy incluye, al menos, cinco áreas operativas interdependientes.

La primera es la seguridad alimentaria: control oficial, inspección, vigilancia de riesgos y respuesta a alertas. La segunda es la sanidad ambiental: calidad del entorno urbano, residuos, plagas, vectores y fauna sinantrópica. La tercera es la protección animal, especialmente tras la Ley 7/2023. La cuarta es la prevención y vigilancia de zoonosis. La quinta es la coordinación con los niveles autonómico y estatal cuando el riesgo trasciende lo estrictamente local.

La Ley 7/2023 ha incrementado de forma muy visible la presión funcional sobre los ayuntamientos. El artículo 27 les atribuye la recogida de animales extraviados y abandonados y les obliga a disponer de un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria disponible las veinticuatro horas del día (Ley 7/2023). A ello se añade la gestión de centros de protección animal, el control poblacional no letal de fauna urbana y la exigencia de condiciones higiénico-sanitarias y atención veterinaria en los dispositivos municipales. Es difícil imaginar una aplicación técnica solvente de estas obligaciones sin una presencia veterinaria estable o, al menos, sin una arquitectura pública de apoyo específicamente veterinaria.

El veterinario municipal como profesional estructural, no accesorio

Desde una perspectiva técnica, el veterinario municipal no es un perfil complementario, sino estructural.

Su formación integra epidemiología, microbiología, inspección de alimentos, patología comparada, zoonosis, bienestar animal, sanidad ambiental y gestión del riesgo. Esa combinación no es intercambiable de forma automática con otros perfiles sanitarios, aunque la salud pública sea, con razón, multidisciplinar. La multidisciplinariedad no elimina la necesidad de idoneidad profesional; la exige.

Los datos oficiales de vigilancia ayudan a entender por qué. En 2024, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) gestionó 856 notificaciones con implicación de España, de las que 397 fueron alertas y 306 informaciones (AESAN, 2025a). En paralelo, la vigilancia oficial de zoonosis alimentarias comunicada por AESAN para los datos de 2023 mostró 51.968 unidades analizadas para Salmonella spp., con 1.163 positivas; 16.862 para Listeria monocytogenes, con 284 positivas; y 5.529 para Campylobacter spp., con 2.015 positivas, lo que representa una positividad del 36,4% en este último caso (AESAN, 2025b). Estos no son problemas abstractos: se traducen en circuitos de vigilancia, inspección, investigación y respuesta donde el conocimiento veterinario resulta nuclear.

La literatura científica también respalda ese papel. Un trabajo reciente concluyó que los veterinarios muestran mayor competencia que otros profesionales sanitarios en identificación y prevención de zoonosis, aunque persisten brechas de coordinación interprofesional que conviene corregir (García- Sánchez et al., 2023). En España, estudios sobre riesgo parasitario en animales de compañía, dispersión de zoonosis emergentes y reservorios urbanos muestran de forma reiterada que la interfaz animal-persona-entorno sigue generando amenazas sanitarias que requieren vigilancia territorial y capacidad de intervención local (Miró et al., 2020; Marino et al., 2020; Barbero-Moyano et al., 2025).

Situación real de los municipios españoles: mucha obligación, poca estructura

El primer dato que condiciona cualquier debate serio es la extrema fragmentación del mapa municipal. España tiene 8.132 municipios y 4.975 de ellos cuentan con menos de 1.000 habitantes; otros 2.374 se sitúan entre 1.001 y 10.000 habitantes (INE, 2025). Esto significa que más del 90% de los municipios españoles están por debajo de 10.000 habitantes. Desde el punto de vista organizativo, ese dato importa mucho: el tamaño y la dispersión territorial hacen inviable en muchos casos sostener plantillas técnicas completas sin cooperación supramunicipal.

A esa fragmentación se suma la falta de información pública homogénea sobre dotación veterinaria local. No existe un censo estatal público, normalizado y actualizado que permita conocer con exactitud cuántos ayuntamientos disponen de veterinario municipal propio, compartido o externalizado. La información disponible es fragmentaria y procede, sobre todo, de la propia organización profesional y de sus asociaciones. La Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM), según el Consejo General, agrupa aproximadamente al 88% de los municipios que cuentan con veterinario municipal (Consejo General de Colegios Veterinarios de España, s. f.). Además, una estimación difundida por AVEM y reproducida por medios sectoriales sitúa en torno al 20% la proporción de municipios de más de 20.000 habitantes con veterinario municipal, alrededor de 80 de 406 (IM Veterinaria, 2024). Aunque esta cifra debe leerse con cautela por la ausencia de una serie oficial pública equivalente, es suficientemente expresiva del déficit estructural.

La consecuencia práctica es un modelo muy heterogéneo. Hay ciudades y municipios medianos con veterinarios municipales plenamente integrados en áreas de salud pública, medio ambiente o protección animal; otros recurren a convenios con colegios profesionales; otros funcionan mediante contratos de servicios; y una parte relevante simplemente no dispone de una estructura suficiente para asumir con garantías las exigencias normativas recientes. La propia Organización Colegial Veterinaria ha advertido a la FEMP de que algunas obligaciones, como la atención veterinaria urgente continuada o la gestión avanzada de colonias felinas, serán de muy difícil cumplimiento sin apoyo financiero y técnico de diputaciones, comunidades autónomas y Administración General del Estado (Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 2024a).

Funciones concretas del veterinario municipal en clave One health

El valor del veterinario municipal no reside solo en su presencia formal en una relación de puestos de trabajo. Reside en las funciones que permite ejecutar con criterio técnico y cobertura jurídica. Entre ellas destacan la inspección y auditoría sanitaria de establecimientos alimentarios; la investigación de incidencias alimentarias y colaboración en sistemas de alerta; el control de plagas y fauna urbana; la evaluación del riesgo zoonósico en colonias felinas, palomares, roedores y animales vagabundos; la supervisión de centros de protección animal; la elaboración de protocolos frente a mordeduras, agresiones y exposiciones de riesgo; el asesoramiento en ordenanzas y contratos públicos; y la coordinación con sanidad autonómica, servicios ambientales, policía local y protección civil.

Algunas publicaciones españolas refuerzan esta lectura desde el terreno. El estudio de Cano-Terriza y colaboradores sobre patógenos zoonósicos en palomas asilvestradas y animales de zoológico en Córdoba documentó circulación de agentes con relevancia para salud pública urbana (Cano-Terriza et al., 2015). El trabajo de Martínez-Carrasco y colegas en el sureste mediterráneo mostró una elevada carga parasitaria en perros de refugio y subrayó la necesidad de programas urgentes de control parasitario y educación sanitaria (Martínez-Carrasco et al., 2007). Más recientemente, Barbero-Moyano y colaboradores detectaron patógenos vectoriales de interés zoonósico en roedores urbanos y periurbanos de España, apoyando la necesidad de reforzar la vigilancia en entornos antropizados (Barbero-Moyano et al., 2025).

La vía judicial: cuando la idoneidad profesional acaba imponiéndose

La jurisprudencia reciente se está convirtiendo en un elemento decisivo porque obliga a las administraciones a justificar por qué excluyen a los veterinarios de puestos relacionados con salud pública, laboratorio o medio ambiente. Y cuando esa justificación no existe o es insuficiente, los tribunales corrigen a la Administración.

Un antecedente especialmente relevante es la sentencia del Tribunal Supremo sobre la convocatoria de 44 plazas del cuerpo superior de salud pública de la Generalitat de Cataluña. El fallo anuló la base de la convocatoria en la medida en que no incluía la licenciatura en Veterinaria y reconoció el derecho de estos titulados a participar, al considerar insuficiente la justificación administrativa para excluirlos de funciones relacionadas con la salud pública pese a la idoneidad de su formación (Tribunal Supremo, 2015).

En la misma línea, en 2026 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló parcialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo del Departamento de Salud catalán por excluir de forma injustificada a los veterinarios de varias plazas de salud pública; el recurso se había planteado tras la supresión de plazas de titulado superior veterinario y la creación de nuevas plazas genéricas de salud pública (Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, 2026). También en 2026, la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tras la inadmisión del recurso por el Supremo, obligó a la inclusión inmediata de la titulación de Veterinaria en puestos técnicos transversales de medio ambiente y laboratorio, consolidando una doctrina clara sobre los límites de la potestad autoorganizativa de la Administración (Consejo General de Colegios Veterinarios de España, 2026).

El mensaje de fondo de estas resoluciones es muy nítido: la Administración puede organizar sus servicios, pero no puede hacerlo desconociendo la relación entre funciones públicas y capacitación profesional. En salud pública local y en sus áreas limítrofes, la Veterinaria no es una titulación exótica ni residual; es una titulación idónea y, en muchos casos, especialmente idónea.

Puntos de mejora para España

La primera mejora necesaria es básica: España necesita un mapa nacional de recursos veterinarios en salud pública local. Sin una fotografía homogénea de plantilla, modelo de provisión, cartera funcional y cobertura territorial, las decisiones seguirán descansando en impresiones parciales.

La segunda mejora es financiera y organizativa: en un país con miles de pequeños municipios, no parece realista exigir el mismo despliegue individualizado a cada ayuntamiento. El camino más razonable pasa por consorcios, mancomunidades, diputaciones o servicios supramunicipales compartidos con protocolos comunes y liderazgo técnico claro.

La tercera mejora es normativa. El lenguaje legal actual atribuye obligaciones intensas a las entidades locales, pero no asegura siempre la dotación profesional que esas obligaciones exigen. Sería deseable que futuras normas o desarrollos reglamentarios vincularan determinadas funciones de salud pública local a perfiles técnicos concretos o, al menos, a criterios explícitos de idoneidad.

La cuarta mejora es institucional: el veterinario debe integrarse mejor en los órganos de planificación, vigilancia y respuesta, no solo en bienestar animal, sino también en seguridad alimentaria, salud ambiental y prevención de zoonosis.

La quinta mejora es académica y cultural: la conversación One health en España sigue siendo más retórica que operativa en algunos niveles, y eso se corrige con estructuras compartidas, indicadores y trabajo conjunto real entre medicina, veterinaria, farmacia, salud ambiental y administración local.

Conclusiones

La salud pública municipal española está sometida a una tensión creciente entre norma, riesgo y capacidad operativa. Las obligaciones locales se amplían; los riesgos zoonósicos, alimentarios y ambientales no disminuyen; y el territorio municipal español continúa extraordinariamente fragmentado. En ese contexto, el veterinario municipal no debe ser contemplado como un lujo organizativo ni como una herencia del pasado, sino como una pieza crítica del sistema local One health.

Los datos oficiales de vigilancia, la literatura científica disponible y la jurisprudencia reciente convergen en la misma dirección. Allí donde hay alimentos, animales, vectores, fauna urbana, residuos biológicos, refugios, colonias felinas, mordeduras, alertas o brotes, existe un campo de trabajo donde la veterinaria de salud pública aporta valor específico. Si España quiere que la salud pública local pase de la enunciación normativa a la efectividad material, tendrá que reforzar la presencia, la estabilidad y la autoridad técnica de los veterinarios en el ámbito municipal.

Nota metodológica

Las cifras sobre estructura municipal proceden del INE. Las cifras sobre vigilancia alimentaria y zoonosis proceden de AESAN y del ISCIII.

En materia de presencia de veterinarios municipales, la evidencia pública nacional es todavía fragmentaria; por ello se ha recurrido a estimaciones y posicionamientos de AVEM y de la Organización Colegial Veterinaria, señalándolo expresamente en el texto ya que no hay posibilidad de datos claros y certeros.

Natacha Suárez Rodríguez