España es uno de los países europeos con mayor llegada de población migrante en los últimos años y enfrenta un desafío que trasciende fronteras y cifras: garantizar una atención sanitaria equitativa y efectiva para todos, sin importar su origen, idioma o situación administrativa. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024, más del 15% de los residentes en España eran de origen extranjero, lo que sitúa al país, entre los cinco, con mayor proporción de población migrante de la Unión Europea. Detrás de ese porcentaje, se encuentran historias de búsqueda y esperanza, de integración y superación, pero también de obstáculos invisibles que siguen separando el derecho teórico a la salud de su ejercicio real.

Nuestro país, ha pasado, en apenas dos décadas, de ser un país de emigrantes a un destino de acogida. Esa transformación social ha puesto a prueba la capacidad del sistema sanitario para adaptarse a una nueva realidad plural. La sanidad pública española es, sin duda, una de las más reconocidas de Europa por su cobertura y calidad, pero su acceso no siempre es homogéneo. La atención a personas migrantes revela con claridad las fisuras del modelo: los vacíos administrativos, la saturación de la atención primaria, la falta de intérpretes o la desigual aplicación del derecho a la atención en distintas comunidades autónomas.

A pesar de los avances normativos, especialmente tras la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 que restableció el principio de atención sanitaria universal, la universalidad no siempre se traduce en acceso efectivo. En la práctica, quienes llegan a España sin documentación o con situaciones irregulares se enfrentan a un laberinto burocrático que puede durar meses. Las tarjetas sanitarias dependen del empadronamiento, y el empadronamiento, a su vez, de disponer de un domicilio o un contrato de alquiler, un círculo vicioso que deja a muchos fuera del sistema.

A todo ello, se suman las barreras idiomáticas y culturales, que muchas veces actúan como un muro invisible. La dificultad para comunicarse con los profesionales, comprender los protocolos o expresar síntomas con precisión puede tener consecuencias graves en el diagnóstico y el tratamiento. Como subraya Pablo Iglesias Rionda, técnico de incidencia política de Médicos del Mundo: “A día de hoy todavía no se ha recuperado el acceso universal que había antes de 2012. En 2012 se hizo la contrarreforma legislativa del Partido Popular, que fue una reforma muy excluyente. Eso parcialmente se enmendó en 2018 con la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, pero esa ley tiene muchas fisuras y muchos defectos, que lo que han provocado es que a día de hoy todavía hay muchas personas migrantes, la mayoría en situación irregular, pero también algunas con residencia autorizada, que siguen sin poder acceder a la atención sanitaria con plena igualdad de derechos”.

La primera acogida: la frontera como escenario sanitario

En los puertos y fronteras españolas, la primera atención a quienes llegan en patera no es solo una cuestión de protocolos, sino de humanidad. La frontera es, a menudo, el primer contacto con un sistema sanitario desconocido, el primer rostro de un país que para muchos representa la esperanza de sobrevivir. “Nuestro papel empieza cuando Salvamento Marítimo o la Guardia Civil nos avisa de una llegada”, explica José Javier Sánchez Espinosa, director de Migración de Cruz Roja. “En cuestión de minutos, nuestros equipos se desplazan al puerto con ropa seca, mantas térmicas, comida caliente y material sanitario para atender a las personas recién rescatadas. Lo prioritario es garantizar la dignidad y la vida”.

Los equipos de Cruz Roja trabajan en coordinación con las autoridades portuarias, los servicios de emergencia y Sanidad Exterior para realizar lo que denominan un triaje sanitario básico. “No es un cribado epidemiológico ni una evaluación clínica en profundidad”, precisa Fátima Cabello Sanabria, subdirectora del Área de Salud de Cruz Roja. “Es una valoración rápida que permite identificar situaciones de urgencia  o emergencia: hipotermias, deshidrataciones, heridas abiertas, infecciones, embarazos de riesgo o crisis psicológicas derivadas del trauma del viaje”, apunta la experta.

Esa intervención inicial puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. “A veces llegan con quemaduras graves por la mezcla de combustible y agua salada; otras, con cuadros severos de ansiedad o de agotamiento extremo”, relata Sánchez Espinosa. “Son momentos en los que cada minuto cuenta”. El proceso continúa con la derivación a los servicios de urgencias del sistema público si es necesario, o con la atención básica in situ, en los propios módulos portuarios adaptados como espacios de emergencia.

Tras ese primer contacto, las personas rescatadas son conducidas a centros de acogida temporal bajo custodia policial, donde se les identifica y se inicia el proceso administrativo. En ese tránsito burocrático, Cruz Roja sigue presente: “Nuestro acompañamiento no termina en el puerto”, explica Sánchez, “cuando pasan a los centros de acogida del Ministerio de Inclusión o de las comunidades autónomas, nos aseguramos de que puedan acceder a atención médica continuada, y les ayudamos en los trámites para obtener la tarjeta sanitaria”.

El objetivo, subraya Fátima Cabello, es que la atención sanitaria no se limite a una respuesta de emergencia, sino que se integre desde el primer momento en un itinerario de inclusión real. “Hay que entender que muchas de estas personas nunca han tenido contacto con un sistema sanitario estructurado. , no conocen los procedimientos, y a menudo ni siquiera hablan el idioma. Si no se les acompaña, se pierden en la burocracia y acaban renunciando a ser atendidos”.

Solo en 2024, Cruz Roja atendió a casi 65.000 personas en puertos, costas y fronteras como Ceuta, Melilla, Algeciras, Motril o Las Palmas. La magnitud de esa cifra refleja tanto la dimensión humanitaria del fenómeno como el compromiso de un sistema que, pese a su saturación, intenta responder. En los grandes centros de acogida, la organización cuenta con personal médico y de enfermería propio que realiza seguimientos básicos antes de derivar a los servicios públicos de salud.

Durante la pandemia, recuerda José Javier Sánchez, se habilitaron centros especiales de gestión compartida con Sanidad, donde se realizaban pruebas y controles preventivos. Aquella experiencia dejó un aprendizaje muy valioso: la necesidad de una coordinación estrecha entre el sistema público y las entidades sociales. Hoy, esa coordinación se mantiene activa, especialmente en casos de embarazadas, menores o personas con trastornos psicológicos asociados al trauma migratorio.

Cruz Roja insiste en que la atención sanitaria a las personas migrantes debe contemplar también la dimensión emocional. “La salud no es solo física”, añade Fátima Cabello. “La mayoría llega tras experiencias de pérdida, miedo o violencia. No podemos olvidar que detrás de cada número hay un ser humano que acaba de sobrevivir a un viaje extremo”. Por eso, junto a la asistencia médica inmediata, la organización ofrece apoyo psicológico y espacios de escucha, intentando restaurar una sensación básica de seguridad.

Voces desde el otro lado del sistema

Las estadísticas se humanizan cuando adquieren rostro y nombre. Detrás de cada número hay una historia que no se mide en gráficos, sino en días de espera, en miedo y en resistencia. La de S.D. comienza en un pequeño pueblo entre Guinea y Senegal. Tenía solo quince años cuando subió a una patera rumbo a Europa. “Éramos más de cien personas y estuvimos perdidos en el mar durante quince días. Veía a la gente morir, pero ya no tenía miedo. Solo pensaba en seguir”, recuerda con voz pausada. En la travesía perdió a su primo, uno de los más de setenta compañeros que no sobrevivieron al viaje.

Cuando finalmente llegaron a La Gomera en 2008, fueron recibidos por los equipos de Cruz Roja. “No podíamos ni estar de pie. Nos dieron comida, ropa seca y nos separaron por edades. A mí, por ser menor, me llevaron a un centro de acogida”. Allí comenzó su nueva vida, entre incertidumbre y aprendizaje.

Hoy, con 33 años, vive en una localidad de Cuenca y trabaja en la industria cárnica. Su castellano es perfecto, pero todavía se enfrenta a los mismos trámites que otros recién llegados. “Conseguir el empadronamiento y la tarjeta sanitaria es lo más difícil porque está ligado a conseguir un puesto de trabajo”. En la actualidad, S.D. ayuda y acompaña a otros migrantes a los centros de salud para traducir y mediar. “A veces voy con ellos al médico porque no entienden lo que les dicen. Les piden documentos, se bloquean. Solo necesitan que alguien los escuche”. Su experiencia revela una realidad que las cifras no alcanzan: las barreras idiomáticas y administrativas son tan determinantes como las médicas. Aunque su recorrido estuvo marcado por la pérdida y la dureza del viaje, mantiene una mirada esperanzada. “A mí siempre me han tratado bien, pero sé que no todos tienen la misma suerte. Hay sitios donde notas el racismo, otras veces es solo desconocimiento”.

La historia de B., marroquí de 48 años, transcurre por un camino diferente, aunque comparte el mismo horizonte de esfuerzo. Llegó hace veinte años con un contrato de trabajo. “Tuve suerte”, dice. “Vine con papeles, y mis compañeros me enseñaron todo: cómo funcionaba la sanidad, cómo pedir cita, cómo hablar con el médico”. Pasó por varias ciudades: Segovia, Toledo y Burgos, antes de establecerse en una localidad conquense, donde formó una familia.

“Al principio necesitaba a alguien que hablara por mí”, recuerda, “pero después de unos meses ya me defendía solo. Aprendí español en la escuela de adultos por las noches, después del trabajo. Era duro, pero merecía la pena”. Sus hijos han nacido en España y han sido atendidos en hospitales públicos. “Siempre bien, sin problema”, señala.

A diferencia de S.D., su batalla no es la burocracia, sino el tiempo. “Trabajo todo el día, mi mujer también. No hacemos ejercicio, comemos rápido, dormimos poco. El médico me dice que tengo que cuidarme más, pero no hay tiempo. Aquí hay oportunidades para todo, pero la vida va muy deprisa”.

Su reflexión, sencilla y lúcida, revela otra forma de desigualdad: la del ritmo. La de quienes, aun integrados, viven en un continuo sacrificio físico y emocional. “Volvería a mi país si pudiera”, admite. “Echo de menos mi tierra, el mar, mi familia. Pero mis hijos son de aquí, ya no solo somos de un sitio”.

Ambos testimonios, tan distintos como complementarios, dibujan el mismo mapa humano: el de una sanidad que acoge, pero también exige. Que salva vidas en el mar y en los hospitales, pero a veces se pierde en su propia burocracia. Que necesita más intérpretes, más sensibilidad y menos trabas. En las palabras de S.D. y B. se resume el pulso real de la migración sanitaria: el de quienes, a pesar de los obstáculos, siguen creyendo en la posibilidad de un sistema más justo.

Entre la norma y la realidad

El recorrido vital de S.D. y B. muestra con nitidez cómo el acceso a la sanidad puede transformarse en una carrera de obstáculos donde los requisitos administrativos, la desinformación y la rigidez institucional pesan tanto como las carencias materiales. En teoría, España reconoce la atención sanitaria universal; en la práctica, miles de personas siguen dependiendo de un laberinto burocrático que retrasa el ejercicio de ese derecho.

Iglesias lo resume con precisión: “En la Comunidad de Madrid se han creado lo que se llaman las unidades de tramitación específicas para personas migrantes. Son seis unidades donde las personas en situación irregular tienen que ir a solicitar el reconocimiento de su derecho. Esto supone no reconocer el derecho de la persona de asistir a su centro de referencia, como a cualquier persona; tienen que ir a esa unidad, que muchas veces puede quedar a una hora de su domicilio”.

La fragmentación territorial del sistema sanitario, una de las fortalezas del modelo español en términos de gestión autonómica, se convierte en debilidad cuando no existe una interpretación uniforme del derecho a la atención. Las políticas sanitarias cambian según la comunidad, e incluso, como señala Cruz Roja, según el criterio del profesional que atiende en ventanilla. “Hemos visto diferencias dentro del mismo centro de salud, entre el turno de mañana y el de tarde”, admiten desde la organización.

No se trata solo de leyes, sino de actitudes, de cultura institucional y de sensibilidad. Los protocolos son importantes, pero la empatía lo es aún más. Una persona migrante que acude por primera vez a un centro sanitario no solo busca tratamiento médico: busca reconocimiento, un gesto que confirme que forma parte de la misma comunidad.

En muchos casos, la falta de coordinación entre administraciones multiplica la vulnerabilidad. Las ONG se ven obligadas a ejercer de puente entre la teoría legal y la realidad cotidiana, acompañando a pacientes a los trámites, traduciendo documentos o mediando ante los servicios sociales. Esa labor, invisible para la mayoría, se ha convertido en una pieza esencial del sistema.

En definitiva, entre la norma y la realidad se abre una grieta que no se mide en estadísticas, sino en esperas, renuncias y silencios. Y aunque el principio de atención universal sigue vigente en el papel, su cumplimiento real depende todavía de la suerte, del lugar y del funcionario que atienda al otro lado del mostrador.

El valor de la mediación y la competencia cultural

En un sistema sanitario diverso como el español, donde conviven más de 180 nacionalidades y decenas de lenguas maternas, la comunicación se convierte en una herramienta de salud pública. No se trata únicamente de traducir palabras, sino de tender puentes entre culturas, percepciones y formas de entender la enfermedad. Tanto Cruz Roja como Médicos del Mundo coinciden en que la mediación intercultural y la formación en competencia cultural del personal sanitario son los pilares de una sanidad verdaderamente inclusiva.

Como afirma Fátima Cabello: “hay que asegurar que las personas se sientan comprendidas, escuchadas y acompañadas.  Su reflexión resume una realidad palpable en muchos centros de salud: los malentendidos lingüísticos o culturales siguen generando desigualdad, diagnósticos tardíos y, en ocasiones, rechazo.

La figura del mediador intercultural ha demostrado su eficacia en comunidades como Cataluña, Aragón o Navarra. Allí, los programas estables de mediación han reducido de forma significativa la tasa de abandono de tratamientos y el número de consultas repetidas por malentendidos. “Los centros de salud no cuentan con la figura del intérprete o, en el mejor de los casos, existe un servicio telefónico de traducción que normalmente no se utiliza. Eso también va en detrimento de la calidad de la atención. Una de las reivindicaciones principales que tenemos desde Médicos del Mundo es que debería incorporarse dentro del Sistema Nacional de Salud la figura del mediador intercultural, porque lo lógico sería que dentro del sistema, particularmente en zonas donde hay un porcentaje relevante de población migrante, esa figura estuviera presente”, recuerda Pablo Iglesias Rionda.

El mediador no solo traduce, sino que interpreta emociones, matices y códigos sociales. En algunos casos, explica al profesional que el paciente no rechaza un tratamiento por desconfianza, sino por motivos religiosos o culturales; en otros, acompaña a una mujer que nunca antes ha pasado por una consulta ginecológica y necesita orientación más allá del lenguaje médico. También hay mediadores que ayudan a los propios equipos sanitarios a comprender expresiones culturales del dolor, la tristeza o el duelo.

A pesar de su valor probado, los programas de mediación siguen siendo irregulares y frágiles. Muchos dependen de proyectos financiados por fondos europeos o convocatorias autonómicas con duración limitada. Cuando esos programas concluyen, los profesionales desaparecen y los centros pierden un recurso esencial.

Algunos hospitales han intentado suplir esa carencia con herramientas digitales de traducción o intérpretes telefónicos, pero estos sistemas, aunque útiles, no sustituyen la presencia humana ni la empatía. “La mediación no es una cuestión técnica, sino relacional”, explica Fátima Cabello. “Una mirada, un gesto o una pausa pueden transmitir más comprensión que una frase traducida literalmente”.

En un país que aspira a consolidar una atención verdaderamente universal, la mediación intercultural no es un lujo ni un añadido: es una necesidad estructural. Humaniza la atención, reduce desigualdades y refuerza el vínculo entre el paciente y el sistema. “Cuando un profesional entiende el contexto del paciente, el tratamiento funciona mejor. Y cuando el paciente se siente escuchado, confía”, resume Cabello Sanabria.

Un reto de salud pública y de sociedad

El debate sobre la salud de las personas migrantes no es solo una cuestión de derechos humanos o justicia social: es, ante todo, una cuestión de salud pública y de cohesión social. En un mundo globalizado, donde las enfermedades no entienden de pasaportes y las fronteras sanitarias son tan permeables como las humanas, excluir a una parte de la población equivale a debilitar al conjunto. “Tener a personas excluidas del sistema pone en riesgo su salud, pero también puede poner en riesgo la salud colectiva de la población. Lo vimos muy claramente durante la pandemia de COVID-19: aunque se reconoció el derecho a vacunar a las personas en situación irregular, el problema era cómo localizarlas cuando no las tienes dentro del sistema. Por tanto, tener a parte de la población fuera del sistema pone en riesgo su salud y también la de los demás”, insiste Pablo Iglesias Rionda.

La evidencia científica lo respalda: los países que garantizan el acceso universal a la salud son también los que presentan mejores indicadores de bienestar y menor carga de enfermedad. Cuando un grupo social queda fuera del sistema, ya sea por miedo, por desinformación o por trabas burocráticas, no solo se incrementa su vulnerabilidad, sino también los costes a largo plazo para el propio sistema público. Las urgencias se saturan, los diagnósticos se retrasan y la prevención se diluye. La salud, como el agua o el aire, solo puede ser eficaz cuando es compartida.

España ha avanzado en el reconocimiento de ese principio, pero lo ha hecho a distintas velocidades. En los puertos, Cruz Roja sigue recibiendo pateras con la misma mezcla de urgencia y esperanza que hace una década. En los barrios de las grandes ciudades, las ONG acompañan a quienes aún se pierden entre formularios, ventanillas y plazos.

Construir un sistema más justo requiere recursos, pero también voluntad. Requiere liderazgo político, formación cultural, coordinación interinstitucional y un compromiso ético que trascienda los cambios de gobierno. Requiere reconocer que la diversidad cultural no es un problema que gestionar, sino una riqueza que integrar.

Porque detrás de cada historia migrante hay una lección sobre resiliencia y sobre la fuerza de lo humano. Cada S.D., cada B., cada mujer que cruza el mar embarazada o cada niño que pisa por primera vez un hospital español, nos recuerda que la salud no puede ser un privilegio condicionado por el lugar de nacimiento. Garantizar la salud de la población migrante es garantizar la salud de toda la sociedad. Porque un sistema que excluye deja de ser universal. Y un país que olvida que su fortaleza está en su diversidad, corre el riesgo de enfermar de indiferencia.

Solo cuando entendamos que la salud del otro es también la nuestra, podremos decir, con pleno sentido, que la sanidad española vuelve a ser universal.