El sector de gases medicinales está sufriendo una situación sin precedentes que impacta en todo el proceso productivo y de distribución de oxígeno medicinal. A lo largo de 2021 comenzó a producirse un extraordinario incremento de los precios de la energía eléctrica y los combustibles y ha continuado en 2022, agravándose en las últimas semanas por el conflicto bélico que se está produciendo actualmente en Ucrania.

Las empresas gasistas, agrupadas en su patronal AFGIM (Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales) y en AFGM (Asociación de Fabricantes de Gases Medicinales), explican que son «electrointensivas»; es decir, el precio de la electricidad es el coste de fabricación del producto final más significativo y, por ello, el aumento del coste del megavatio repercute en sus finanzas. Según exponen, la electricidad es imprescindible para fabricar sus gases, algunos tan necesarios como el oxígeno medicinal, especialmente durante la pandemia del COVID-19.

«Este ascenso en el coste de la energía está provocando un imparable aumento generalizado de la inflación, traduciéndose en dificultades en el abastecimiento de productos sanitarios que se fabrican fuera de nuestras fronteras, aumentos de costes de productos sanitarios, accesorios, fungibles y materias primas, así como en problemas de sostenibilidad financiera al no estar indexados nuestros contratos públicos en concursos públicos con las diferentes administraciones sanitarias y no sanitarias», recalcan desde Nippon Gases.

Jorge Huertas, director de Oximesa Nippon Gases Healthcare, destaca que «el problema de la alta inflación» ha afectado a la compañía tanto en el Área Hospitalaria (suministro de gases y servicios a centros sanitarios) como en el Homecare (atención de pacientes con patología respiratoria en el domicilio), ya que su actividad se realiza, en gran parte, mediante la adjudicación de contratos con la Administración Pública.

Por su parte, Félix Ruiz de la Prada, director comercial de Nippon Gases y expresidente de la comisión de Gases Medicinales de AFGIM, cuenta que la evolución del precio medio del mercado día de energía que oscilaba entre 26 y 70 €/Mwh entre los años 2016 y mayo de 2021 ha manifestado innumerables incrementos, “hasta alcanzar cifras jamás vistas con anterioridad superando los 700€/Mwh como precio máximo en el mes de marzo de 2022, lo que representa incrementos hasta cinco veces superiores a los valores medios de los últimos años”.

La patronal se ha dirigido a la Administración Pública para solicitar un aumento en el precio de los gases medicinales encontrándose con una norma nacional, la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española, que no responde a ninguna obligación establecida en la normativa Europa, “donde se indica que no está permitido la revisión de los precios durante todo el periodo de duración del contrato”.

Tras el estudio exhaustivo de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), AFGIM se ha encontrado dos supuestos, “por un lado, para los contratos actualmente en ejecución donde el artículo permite la modificación de la cuantía en el caso de encontrarse con un riesgo imprevisible en el momento de la licitación; y en el supuesto de los expedientes que estén en periodo de licitación, y en los que el presupuesto de licitación debe quedar establecido en consideración con los aumentos que han sufrido los costes, donde se propone la modificación del artículo 204 de la LCSP que incorpora un mecanismos de modificación contractual que permite dar una solución equitativa a la ruptura del equilibrio entre las partes debido a circunstancias extraordinarias”, explica Ruiz de la Prada.

En la misma línea, Huertas coincide en que una de las medidas para contener las consecuencias de esta crisis es la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para así lograr una indexación de precios en la tecnología sanitaria. «Mientras no se produzca esa modificación, sería necesaria la implementación de presupuestos extraordinarios destinados a dichos contratos para asegurar la continuidad y calidad del servicio y suministros», especifica.

Sin embargo, el gas medicinal está garantizado en nuestro país. Tal y como destacan desde la patronal, no hay «ningún tipo de situación de peligro para los centros sanitarios o pacientes domiciliarios, donde se requieren gases medicinales para el tratamiento de alguna patología o bien para el correcto funcionamiento de dispositivos médicos que requieren de gases para su utilización».