La contratación de seguros de salud ha crecido de modo sostenido en la última década. Casi trece millones de ciudadanos en España (12.802.665 para ser exactos) tiene ahora mismo uno en nuestro país, según ICEA, el Servicio de Estudios del Sector Asegurador Español, encargado de realizar y publicar todas sus estadísticas. El número de seguros de salud ha crecido un 3,34% solo en el último año y el crecimiento medio anual desde 2015 ha sido del 3,51%. Y son estos datos los que me llevan a compartir en esta nueva entrada de este blog algunas de mis reflexiones.

La primera es que el sector del aseguramiento privado no está sufriendo los avatares de la crisis provocada por esta pandemia. Y a las cifras me remito. Más bien, el COVID ha ratificado una dinámica que ya sorprendió a muchos en la crisis de 2008 y que ahora se ha confirmado: participar y tomar decisiones sobre la gestión de la salud es algo prioritario. No solo no consideran un seguro de salud como un privilegio ni un bien de lujo, sino como una necesidad. Independientemente de su nivel de renta, el ciudadano lo valora como algo cada vez más necesario.

Aquellos que critican a la sanidad privada e intentan enfrentarla a la sanidad pública vuelven a demostrar un desconocimiento absoluto de la sociedad actual. Siguen pensando en los mismos términos estatalistas de sus abuelos, y utilizan frases hechas y los tópicos de siempre, en lugar de darse cuenta de que vivimos en una época en la que los ciudadanos tienen criterios, prioridades y anhelos diferentes. Estoy seguro de que los 12.802.665 de personas que han decidido sacarse un seguro de salud tienen en muy alta consideración a la sanidad pública. Tenemos la inmensa fortuna de vivir en un país con valores profundos, en el que a nadie se deja atrás para recibir cualquier tipo de tratamiento en la Sanidad pública. Pero también creo que, a pesar de esa excelente consideración que tenemos todos, sobre todo del carácter social del sistema y de los grandes centros sanitarios públicos de referencia, todos estos ciudadanos están dispuestos a hacer un copago para tener la tranquilidad de que, pase lo que pase, van a ser atendidos. Y además, rápido, y con calidad.

Y esto ¿por qué sucede?

En primer lugar, porque durante las últimas décadas, el seguro de salud ha profundizado en el tipo de servicio que ofrece y ha mejorado la gestión propia y la oferta de servicios y prestaciones a los ciudadanos. Además, en comparación con otros países de nuestro entorno, el seguro de salud en España tiene calidad y es accesible para amplias capas de la sociedad. Y lo confirman los datos que daba al comienzo de mi reflexión. Esto, junto con la accesibilidad y la buena calidad de la atención sanitaria prestada, han convertido el seguro de salud en un servicio que los ciudadanos quieren. Porque saben, además, que es compatible con la atención que les corresponde en la sanidad pública. Es complementario.

En segundo lugar, creo que los ciudadanos cada vez aprecian más tener una alternativa privada, complementaria al sistema público, porque se dan cuenta de que este adolece de problemas organizativos, burocráticos y de gestión desde la propia administración, ya que existen problemas de accesibilidad, graves listas de espera, falta de motivación de sus profesionales y obsolescencia en el equipamiento tecnológico en muchos centros sanitarios. Y, sin duda, el COVID ha empeorado esos problemas y lo seguirán haciendo en el corto y medio plazo.

Puedo ponerles un ejemplo que conozco bien. Tras el paso a la gestión pública directa del Hospital de La Ribera, el número de seguros de salud en esta comarca de la Comunidad Valenciana ha aumentado de manera exponencial. Cuando los ciudadanos han sufrido una pérdida real en la calidad del servicio que reciben, con respecto a antes de la reversión, buscan la alternativa en el sector privado, para que le garantice una atención rápida, de calidad y segura.

Durante las últimas décadas, el seguro de salud ha profundizado en el tipo de servicio que ofrece y ha mejorado la gestión propia y la oferta de servicios y prestaciones a los ciudadanos

Pero además creo firmemente que los seguros de salud son importantes como complemento o ayuda al mantenimiento del sistema público, al tiempo que son una garantía de acceso a determinadas prestaciones a las que nuestro sistema no llega. La sanidad privada y los seguros de salud juegan un papel clave y que, además, es bueno para el sistema, porque actúa como un copago libre que creo que debería ser fomentado por el propio Gobierno, con algún tipo de desgravación fiscal.

Soy un firme defensor de la libertad de elección tanto en la Sanidad como en la Educación. Los ciudadanos queremos participar y decidir sobre cómo gestionar nuestra salud o la educación de nuestros hijos. Porque se ha demostrado que es mucho mejor para todos incentivar esas libertades antes que restringirlas. Incluso el Gobierno actual ha apostado por esta modalidad al poner sobre la mesa incentivos para retrasar la edad de jubilación. ¿Por qué no hacerlo en la Sanidad? Estas son medidas eficaces para favorecer un buen uso de los recursos públicos.

Quiero terminar señalando que la libertad de elección lleva ya muchos años siendo una realidad también en la función pública. En Muface, los funcionarios pueden elegir si quieren ser atendidos en centros públicos o privados (la mayoría eligen privados, por cierto). El futuro pasa por hacer más protagonistas a las personas en la toma de decisiones sobre su salud.

PD. La semana pasada, el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) por la que se solicita al Gobierno que se extienda la gestión directa a todo el sistema público, sin contemplar otras fórmulas. Esta PNL fue aprobada por un solo voto. Hay gente que ha pedido mi opinión y no quiero generar grandes polémicas porque el tema está claro. Hace ya años el Tribunal Constitucional dejó claro que la Constitución ampara tanto la gestión privada o indirecta como la gestión directa. Así que nadie, tampoco a través de una PNL, puede limitar los modelos de gestión existentes, porque es lo mismo que atacar a la Constitución, pese a que vivimos un momento en el que algunos se empeñan en atacar este texto, para cambiar el marco jurídico español. Por tanto, como dice la Constitución, todos los modelos de gestión son válidos y estas polémicas tienen una vida corta. Yo estoy con la Constitución de 1978, que nos ha dado la etapa de prosperidad y concordia más larga de nuestra historia. ¿Y tú?

 

Alberto de Rosa Torner