Como es bien sabido, son muchos los factores que intervienen en la salud de todos nosotros. Pese a ello, y de forma habitual, se pone un mayor acento en las políticas sanitarias relacionadas con la atención sanitaria, cuando la mayoría de los factores que van a incidir en la aparición o transmisión de enfermedades se hallan fuera de las capacidades de los sistemas sanitarios.
La pandemia, además de darnos algunas nuevas lecciones, nos ha hecho repasar muchas otras olvidadas. Entre ellas la que la salud es cosa de todos.
Muchas son las propuestas al respecto hechas en diferentes conferencias internacionales y plasmadas en múltiples documentos que insisten en la importancia de intersectorialidad para alcanzar los objetivos de salud que se suelen proclamar. La iniciativa sobre salud en todas las políticas planteadas por la OMS., recogida de la llamada declaración de Helsinki de 2013, insiste en ello.
Si, además, tomamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sobre los que hay un amplísimo consenso, veremos que todos ellos tienen un impacto en salud. No solo el tercero, que hace referencia explícita a la salud y el bienestar.
Aún así, son pocas las acciones realizadas por los gobiernos que permitan visualizar la ocupación que tienen sobre la cuestión, más allá de la explicitada preocupación.
Las funciones de los Ministerios de Salud que contienen la declaración de Helsinki con relación a “fomentar la salud y promover la equidad con carácter prioritario, adoptando las medidas eficaces con relación a sus determinantes sociales, económicos y ambientales” queda muy fuera de sus competencias en la mayoría de los países. Estas funciones están muy centradas en la atención sanitaria y en los aspectos tradicionales de la salud pública. Hablar de salud en todas las políticas es hablar de una política transversal de Gobierno y no de una política de Ministerio.
Desde las políticas de atención sanitaria y sus dimensiones preventiva, asistencial, rehabilitadora e investigadora, se pueden determinar las estrategias y actuaciones precisas a realizar en todos en todos los ámbitos, así como también evaluar el impacto en salud de todas y cada una de las actuaciones de los gobiernos.
Podemos enumerar diferentes ejemplos. El más actual es el de las condiciones medioambientales, que no solo incumben a los gobiernos sino también a los comportamientos de las personas y su vida en sociedad. Esto último no debería depender de normas que obliguen.
La salud del planeta es nuestra salud, de la que de un modo u otro somos parásitos, pero no debemos ser patógenos.
Si la promoción de la actividad física y de la alimentación saludable es instada desde los sistemas sanitarios, la eficacia de sus recomendaciones estará limitada si no se dan, también, políticas acordes en otros ámbitos como el urbanístico, el laborales, el de transporte y la movilidad, el de consumo o de cualquier otra índole, que faciliten a las personas seguirlas.
Si hablamos de la seguridad vial, el mayor o menor coste de una nueva carretera ligado al radio de las curvas de su trazado debe contemplar la accidentabilidad estadísticamente previsible en cada caso y el coste social y económico que va a tener. Contemplar sólo el coste de la inversión en un ejercicio presupuestario anual o plurianual no debería ser suficiente. Las políticas de seguridad vial son políticas de salud.
La garantía de acceso a la vivienda con condiciones básicas de habitabilidad para colectivos vulnerables debería contemplar los costes sanitarios que su limitación acarreará, atendiendo al mayor riesgo de enfermar. Las políticas de vivienda son políticas de salud.
El desempleo también es un problema de salud. Su impacto negativo sobre esta va más allá de lo que un subsidio puede resolver temporalmente. No digamos lo que supone el no disponer de renta alguna y la exclusión social. Las políticas económicas y de empleo son políticas de salud.
También las políticas de salud son políticas de cohesión social. Imaginemos el impacto en las economías personales que se hubiera añadido al que la crisis económica, o la actual crisis sanitaria han tenido, en las economías personales de no haber dispuesto de un SNS como del que disponemos aún con todas las cosas mejorables. Como también de la oportuna colaboración publico-privada al servicio del interés general.
“El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las condiciones laborales repercute en la salud y bienestar de las personas”
El impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las condiciones laborales, como algunos estudios ponen de manifiesto, repercute en la salud y bienestar de las personas. Como también lo hace cualquier tipo de discriminación.
El nivel educativo, según la mayoría de estudios sobre salud y condiciones socioeconómicas, es un factor crucial en la morbimortalidad por diferentes causas y cabe destacar su influencia en conductas de riesgo y adicciones, hábitos físicos, higiénicos y alimentarios. El fracaso escolar es el “índice de mortalidad” sobre el que deberían valorar con rigor las políticas de educación, que son políticas de salud.
El acceso a la cultura, también como política educativa, se asocia a bienestar emocional. Las políticas de cultura son políticas de salud.
Pocos ponen en duda que la alimentación adecuada, al amparo de unas normas de seguridad en la producción y comercialización de los alimentos, es un contribuyente claro a la una reducción de la morbilidad. Las políticas de consumo son políticas de salud.
Podríamos enumerar muchos más ejemplos al hilo de lo expuesto. Todos ellos son una muestra que pone de manifiesto la importancia de la influencia de las actuaciones en todos los ámbitos de la actividad social y económica sobre la protección y promoción de la salud, más allá de las actuaciones propias de los sistemas sanitarios.
Para superar el reto de seguir avanzando por el camino de una mayor esperanza de vida y con mejor salud, deberíamos estar convencidos de que son imprescindibles políticas de contención de la enfermedad, a la par que de atenderla cuando no hemos podido evitarla. Muchas veces, para ilustrarlo, hemos dicho y escrito que es un gran éxito de nuestro SNS como hemos abordado en España la necesidad de un trasplante o la tasa de supervivencia a un infarto de miocardio. Y hemos añadido que ello no es óbice para que reflexionemos sobre si no es un fracaso no conseguir reducir suficientemente la necesidad de trasplantes o la prevalencia de los infartos. Parecen razonable pues un abordaje dual sobre cómo proteger la salud.
Nuestro SNS debería asentar sus actuaciones en dos ejes estratégicos mirando el horizonte del 2030 y sin mucha más dilación. Un primer eje es el de integrar todas las políticas de atención sanitaria y de protección de la salud, sin perjuicio de sus ámbitos correspondientes de gestión: la prevención primaria y la secundaria, la asistencia, la rehabilitación y la investigación. Muchos son los ámbitos de atención sanitaria de responsabilidad pública que se encuentran aún fuera del SNS y que hacen que este no haya alcanzado aún su consolidación real y tenga algunos aspectos de sistema segmentado. Nos referimos a instancias responsables de dar respuesta a problemas de salud como son las Mutualidades de Funcionarios, la Salud Laboral, la Salud Penitenciaria, el Seguro Escolar, etc. que deberían formar parte del SNS. Ello no quiere decir que pierdan su condición actual, pero sí deberían tener una mayor vinculación con el Ministerio de Sanidad y los Servicios de Salud de las CCAA.
El segundo eje nace de la convicción de que para mejorar y proteger la salud de las personas debe valorarse el impacto de las actuaciones que se puedan dar desde otras iniciativas, más allá de las que se dan desde el ámbito sanitario. Todo ello con la finalidad de prevenir los efectos perjudiciales o evidenciar los efectos positivos de las decisiones que se tomen desde las diferentes instituciones, administraciones o desde la sociedad civil. También con la finalidad de establecer sinergias positivas que puedan ahondar en la sostenibilidad del SNS desde la contención de la enfermedad y valorar esa contención como un valor ético que acompañe a la equidad.
Ha llegado el momento de considerar empezar a trabajar en la línea de dotar al SNS de un instrumento como debería ser una Agencia de Salud 2030 con la que desarrollar ese segundo eje estratégico de Salud en todas las Políticas.
¿Se imaginan que las decisiones de un Gobierno, para ser aprobadas, además de ir acompañadas de una memoria económica debieran también acompañarse de una memoria en impacto en salud? Pues ejemplos cercanos podemos encontrar.
