Las iniciativas nacionales e internacionales y las demandas de los grupos de interés han generado un atractivo creciente por incorporar la responsabilidad social corporativa en la gestión de las organizaciones. Este modelo se alinea con los retos de sostenibilidad establecidos por la Agenda 2030, en tanto que integra el compromiso de sostenibilidad económica, social, ambiental y el diálogo con los grupos de interés como parte de la estrategia empresarial.

El traslado de estos compromisos a la cadena de suministro se muestra indispensable para promover el alineamiento estratégico de toda la cadena de valor. La gestión de proveedores se ocupa de gestionar la relación con los suministradores de productos y servicios de los que depende la organización. Su principal objetivo es alcanzar la mayor calidad a un precio adecuado. Pero en el modelo de responsabilidad social corporativa, además, se incluye que el proceso de compra o contratación de servicios debe realizarse velando por la sostenibilidad social y ambiental.

En los últimos años se han impulsado iniciativas para el desarrollo de estrategias que extiendan los procesos tradicionales de gobierno corporativo, relacionados con la responsabilidad social corporativa, a la cadena de suministro. El Libro Verde para fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas publicado en 2001, la «Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas” aprobada en 2014 y la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” tienen en cuenta los impactos directos e indirectos en la gestión de la cadena de suministro y en la sostenibilidad de las empresas.

Se trata de un requerimiento que adquiere una especial relevancia en la contratación pública, teniendo en cuenta la magnitud de los recursos económicos que se destinan. Esto hace que haya dejado de ser una mera compra de bienes y servicios para las administraciones y pase a ser una herramienta para el fomento de determinadas políticas públicas. La Ley 2/2011 de Economía Sostenible, la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, y la Ley 9/2017 de contratos del sector público tratan de la sostenibilidad en la gestión de la administración pública e instan a favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social con sus proveedores.

Promover la responsabilidad social corporativa en la cadena de suministro supone conducir a la organización a un liderazgo basado en valores compartidos

Estas iniciativas impulsan una evolución del modelo intraorganizacional de la responsabilidad social corporativa hacia un enfoque interorganizacional que incorpora los agentes de la cadena de suministro para el logro de objetivos empresariales vinculados a la gestión de impactos económicos, ambientales y sociales. La integración de estos aspectos en la relación con los proveedores es un reto para cumplir con el código de conducta, la gestión ética y las políticas de responsabilidad social. Supone una nueva forma de relación a lo largo de toda la cadena de valor que puede ser construida aprovechando las regulaciones ya introducidas en el marco legal.

En España, el 95% de las grandes empresas cuentan con políticas específicas de responsabilidad corporativa y un 75% tienen en cuenta criterios de compras responsables durante el proceso de cualificación y selección de proveedores, tal y como recoge el “8º Estudio Multisectorial del Estado de la Responsabilidad Corporativa en la Gran Empresa” del Club de Excelencia en Sostenibilidad. En el sector de la salud, según datos del sondeo “Implementación de la RSC en las Organizaciones Sanitarias” realizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud, un 27,78% de las organizaciones dispone de un Plan de acción en responsabilidad social corporativa, un 25% ha implementado criterios de compra responsable en función de aspectos medioambientales y sociales y un 27,22% tiene una metodología de evaluación de proveedores e identificación de riesgos.

En este contexto, se plantea el reto para las instituciones sanitarias de implementar políticas de responsabilidad social corporativa, entre las que se incluye promover prácticas de contratación y compra con criterios coherentes con los objetivos sociales, ambientales y de buen gobierno. Este reto es especialmente relevante en el caso de instituciones públicas, en tanto que se reconoce el papel que desempeñan como dinamizadoras en el conjunto de la sociedad de los ámbitos de la responsabilidad social corporativa, a través de mecanismos clave como la compra pública y el establecimiento de buenas prácticas con los proveedores.

En definitiva, promover la responsabilidad social corporativa en la cadena de suministro supone conducir a la organización a un liderazgo basado en valores compartidos, que implica:

Integrar los aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno en las políticas y procedimientos de la institución.

Considerar los impactos en las decisiones de compra y contratación y velar por evitar o minimizar cualquier impacto negativo.

Promover la compra de productos y servicios social y ambientalmente responsables, mediante el principio de utilización estratégica de la contratación pública.
Llevar a cabo la debida diligencia y el seguimiento adecuado de la cadena de suministro.

Involucrar a los proveedores para que adopten políticas similares y promuevan objetivos sociales, ambientales y de buen gobierno comunes.