Durante las últimas semanas han sido noticia que se ha difundido de manera exhaustiva en todos los medios de comunicación varios incidentes que parecen poco o nada relacionados entre sí, aunque todos ellos tienen una característica común, que no es otra que el poco respeto a los derechos de las personas. Hemos conocido el fallo que el Tribunal Supremo ha dictado en el juicio sobre la filtración de información confidencial en la fiscalía general del Estado. Hemos sabido que en una comunidad autónoma un número indeterminado de informes de mamografías correspondientes al programa de cribado de cáncer no se han enviado a las pacientes. También ha trascendido que, en

Desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump las noticias sobre sus decisiones relacionadas con la ciencia y de manera más específica con la salud no han podido ser más preocupantes. Las cancelaciones de contratos de investigación con prestigiosas universidades y la reducción de fondos para los programas de salud fueron el comienzo de una política basada en los bulos y en la pseudociencia. La designación como secretario de Salud de Robert Kennedy Jr. conocido por creer en teorías conspirativas, especialmente sobre las vacunas, y sin experiencia en administración de salud ni en políticas sanitarias, ha confirmado las peores previsiones. El final de la obligación de vacunar

Durante los últimos tiempos asistimos a una explosión de entusiasmo por la utilización de la inteligencia artificial (IA) en la actividad clínica. Es muy frecuente encontrar publicaciones que muestran unas elevadas expectativas sobre los beneficios que esta tecnología ofrece para mejorar la calidad, la efectividad y la eficiencia del sistema de salud. Parece que los muchos males de nuestro maltrecho sistema de salud fueran a solucionarse con la aplicación de la IA. Cualquiera diría que la IA es el bálsamo de Fierabrás que cura todas las enfermedades y que “con sola una gota se ahorraran tiempo y medicinas” como dice Don Quijote. Tanta exaltación recuerda a los tecno-entusiastas que

El pasado 28 de abril se produjo un corte en la distribución de energía eléctrica que dejó a todo el territorio peninsular español y portugués a oscuras. Ya se pueden extraer varias conclusiones de lo ocurrido. Los españoles hemos demostrado una educación cívica notable, porque a pesar de las dificultades, el tráfico ha transcurrido con cierta normalidad; no se conocen altercados o problemas graves en los trenes que se quedaron bloqueados en medio de la nada y además en ocasiones pudieron contar con la ayuda de voluntarios de las poblaciones más próximas. Una vez más los equipos de emergencias, las fuerzas de seguridad y la UME estuvieron a la

Se cumplen cinco años desde la declaración del inconstitucional estado de alarma decretado por el Gobierno con motivo de la pandemia por la COVID-19. Además de recordar a aquellos que fallecieron y a quienes tuvieron un comportamiento ejemplar, conviene valorar las consecuencias que ha tenido la pandemia para nuestro sistema de salud. Cinco años después, no se ha creado la agencia de salud pública. Cinco años después no se tienen noticias ni de las reservas estratégicas de material sanitario ni de planes de contingencia ante otra pandemia. Cinco años después seguimos sin una legislación sobre el ejercicio de la autoridad en caso de pandemia que evite el bochorno de

La audiencia provincial de Ávila mediante sentencia 7/2025 ha impuesto a una médico de familia que ejercía en un centro de salud la pena de 2 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el sufragio pasivo; inhabilitación absoluta para el ejercicio profesional como médica durante seis años, y el pago de indemnización y costas judiciales por importe de 50.000 euros. La sentencia ha contado con la conformidad de las partes. El motivo de la sentencia es el acceso injustificado a la historia clínica de una compañera también médica, que se encontraba en situación de incapacidad temporal.  No es, desde luego, la primera vez que se dicta

Durante los últimos meses se ha puesto una vez más en cuestión el modelo de asistencia sanitaria de los funcionarios del Estado. En esta ocasión el debate no se limita al modelo de asistencia, sino que se ha centrado en su viabilidad. Tradicionalmente, los sectores ideológicamente más a la izquierda critican el modelo que permite que los funcionarios del Estado, del poder judicial y de las fuerzas armadas, puedan elegir cada mes de enero entre recibir la asistencia sanitaria del sistema público o de una de las aseguradoras concertadas por su mutualidad. En esta ocasión, al debate ideológico se ha añadido el relacionado con el precio que las aseguradoras