Acaban de hacerse públicas las listas de espera de nuestro Sistema Nacional de Salud correspondientes al mes de diciembre del año 2021 y en ellas, todos hemos podido comprobar con preocupación la cifra tan abultada de personas en espera estructural para cirugía que ya sobrepasa las 706.000 personas, las cuales viven su proceso y su enfermedad con una gran incertidumbre y preocupación.

Los datos y los números siempre son fríos, no reflejan la realidad que hay detrás de ellos, los miles de hogares y familias que sufren una situación de angustia que desde luego no es de recibo en los tiempos que corren y mucho menos en un país como España, que siempre ha alardeado de disponer de uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo, son una muestra de la senda de precariedad por la que discurre nuestro sistema público de salud.

Sin duda que la pandemia y sus consecuencias ha hecho que los datos sean los que son, pero esto no es excusa para tratar de poner y articular estratégicamente todos los recursos disponibles trabajando sinérgicamente y de forma coordinada para atajar este grave problema que sufre nuestro sistema, una situación que no es otra que el reflejo de la insuficiencia y de la carencia de recursos ante una demanda asistencial creciente, desbordante, que asfixia las bondades de un sistema público de salud no adaptado a las necesidades presentes y mucho menos a las futuras.

Pero si la lista de espera quirúrgica es importante, especialmente en algunas áreas terapéuticas, no podemos dejar atrás la espera que se produce en el acceso a pruebas diagnósticas, a consulta de especialista y también a la hora de conseguir una cita en Atención Primaria, puerta de entrada al sistema y que también está siendo afectada por el remanso de pacientes que llegan a sus puertas.

Todos sabemos que la lista de espera en cuanto a su definición y clasificación presenta diferentes particularidades, es un prisma con múltiples caras, la lista de espera estructural que es la que queda reflejada en los datos presentados por el ministerio de sanidad en su programa SISLE (Sistema de Listas de Espera) corresponde a aquellas personas en las que su espera es achacable a la organización y a los recursos disponibles, y atendiendo a su situación se clasifican en pacientes programables o lo que es lo mismo en disposición de ser programados en cualquier momento y pacientes en derivación a un centro concertado o a otro centro territorial y que aún no han sido atendidos. Además, están también en espera las personas en la que esta no es achacable a la propia organización y recursos o lo que es lo mismo espera no estructural.

En definitiva, atendiendo a las consideraciones expuestas resulta palmario que el número de personas esperando recibir un servicio asistencial por parte del Sistema Nacional de Salud se encuentra en unos límites difícilmente asumibles y todos sabemos y somos conscientes que la enfermedad, el sufrimiento y la incertidumbre en temas de salud no debería admitir demoras.

Recientemente fueron publicados los datos de espera en Atención Primaria que recoge el “Proyecto Venturi”, una iniciativa encomiable e imprescindible para conocer con exactitud la situación en la denominada puerta de entrada al sistema, entre las conclusiones de la última oleada figura una que dibuja la insuficiencia de una Atención Primaria desbordada por la demanda asistencial creciente e incesante  “para dar respuesta a  toda la demanda del año 2020 se  deberían  haber  realizado  481,76  millones  de consultas  en  Atención Primaria,  frente  a las 379 millones realizadas”, es decir, 102 millones menos, dato que sin duda muestra la sobreexposición de un sistema a una demanda creciente con tendencia a ser casi exponencial.

En cuanto a la garantía de tiempos máximos de espera, el artículo 4 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud refiere los derechos de los ciudadanos en el conjunto del sistema e incluye en su articulado el de recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma o territorio de residencia en un tiempo máximo.

Por su parte, el artículo 25 de la citada normativa hace referencia a las garantías de tiempo de espera y establece que es en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el lugar en el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, premisas que son aprobadas mediante Real Decreto. Además, las diferentes comunidades autónomas son las que definen los tiempos máximos de acceso a su cartera de servicios atendiendo a dicho marco de referencia.

En este sentido, es importante resaltar las diferentes regulaciones que determinan en los territorios la garantía de tiempos máximos de espera en atención especializada, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas fundamentalmente. Un aspecto que, sin duda puede ser de utilidad, pero que, precisa ser impulsado y conocido por el ciudadano además de ser este asesorado y ayudado convenientemente de forma proactiva para que el ejercicio de este derecho, que le asiste, sea fehaciente y además puesto en práctica.

De la misma forma, es más que evidente y notorio el reiterado ofrecimiento realizado por la sanidad de titularidad privada para utilizar todos los recursos disponibles que ofrece el sistema en aras a tratar entre todos de aliviar esta grave situación, que no genera sino un deterioro sistémico progresivo que afecta fundamentalmente a la parte más débil, al paciente y a su entorno; ellos son quienes sufren las consecuencias directas de esta situación anómala junto a los profesionales sanitarios que son quienes han de soportar una presión difícil de sobrellevar; al propio sistema que acrecienta su insuficiencia y deterioro, y sin duda a la propia confianza que se ve mermada tal y como apuntan las últimas encuestas poblacionales en las que la sanidad es ya un problema de primer orden para el ciudadano.

En este sentido, la primera oleada de 2022 del Barómetro Sanitario realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja en la respuesta a sus cuestiones las opiniones de los españoles respecto por ejemplo a las listas de espera en las que buena parte de los encuestados consideran que no están mejorando (42,4%), un 33,5% aseguran que siguen igual y un 11,3% dicen haber ido a mejor.

En términos de reputación, como uno de los intangibles más apreciados en cualquier organización, cuando la percepción social y la realidad se alinean es cuando esta se ve afectada tanto en positivo como en negativo, y en estos momentos, esta situación de problemas en el acceso al sistema y de inequidad entre los diferentes territorios, una vez que cada comunidad autónoma dedica los recursos que considera oportuno a sanidad, hace que ya no solo la realidad, sino también la imagen y la percepción del ciudadano hacia el sistema se vea afectada y comprometida de forma progresiva y constante.

Una reputación positiva cuesta mucho conseguirla, es cuestión de tiempo, de recursos y de cultura y esfuerzo por parte de todos, pero su pérdida se produce de una forma abrupta, es por ello y sobre todo por las consecuencias en términos de salud, bienestar y calidad de vida por lo que se hace necesario sumar esfuerzos y multiplicar voluntades involucrando en su solución a todos los agentes implicados y poniendo a disposición todos los recursos disponibles independientemente de la titularidad que ostenten.

Se habla mucho del imprescindible Pacto por la Sanidad y la Innovación en el que los temas de acceso, suficiencia financiera, eficiencia y equidad deberán ser nucleares, pero ahora ha llegado el momento de los hechos, es decir, de poner en marcha esta iniciativa estratégica transversal y de gran calado que permita definir el sistema sanitario que deseamos y que a su vez nos podamos permitir, y de esta forma, establecer los mecanismos para que el sistema del presente y por supuesto del futuro sea capaz de afrontar los enormes retos a los que hemos de hacer frente, un panorama que es necesario abordar con decisión y diligencia, cuyos mimbres y palancas pueden estar reflejados en el manifiesto “Por una Mejor Sanidad” que la Fundación IDIS propuso a la sociedad recientemente.

Un documento este que, insta a tener una asistencia sanitaria de calidad basada en resultados sanitarios y de salud, y para ello es necesario apostar por una continuidad asistencial real y eficiente. El documento insiste en la necesidad de contar con la participación de los pacientes y sus representantes a todos los niveles y medir su experiencia en el tránsito y trasiego por el sistema. En este sentido, también pone el acento en la transición y transformación digital necesaria facilitando el acceso a los datos de la historia clínica electrónica que son propiedad del paciente con obligación de custodia por parte del sistema.

Los profesionales sanitarios constituyen el mejor activo del sistema, el texto señala la importancia de cuidar a quienes nos cuidan, dotándoles de autonomía, mejorando sus condiciones en general e impulsando el reconocimiento a los retos y objetivos alcanzados en términos de resultados sanitarios tanto cuantitativos como cualitativos, valorando el esfuerzo y el compromiso.

Es imprescindible que la Sanidad tenga un marcado carácter preventivo, colaborativo y sinérgico, que cuente con todos los agentes del sector para lograr los mejores resultados sanitarios y de salud dentro de un sistema sanitario suficiente y sostenible. En este apartado es importante tener en mente la creación de una Agencia de Salud Pública que monitorice y coordine situaciones como la que todavía sufrimos a causa del virus SARS CoV2 (COVID-19).

Un aspecto que esta iniciativa dirigida a la sociedad civil recoge como fundamental es la equidad que debe subyacer en el acceso a la innovación en materias de pruebas diagnósticas, tratamientos y terapias, entre otras, independientemente del lugar de residencia. Asimismo, la importancia de que la financiación pública garantice la cobertura de la cartera de servicios en todas las comunidades autónomas. Pero también es clave la eficiencia siendo preciso que las organizaciones tengan capacidad de gestión estratégica, económica y de personal.

“La enfermedad, el sufrimiento y la incertidumbre en temas de salud no debería admitir demoras”

Para afianzar y protagonizar el presente, y el futuro, el sistema sanitario tiene que, estar abierto a planes y reformas basados en la investigación, la innovación responsable y la digitalización de sus procesos. En este sentido, es determinante realizar una transformación digital (como obligación, no como opción) y que se actualice el parque tecnológico y se desarrollen planes asentados en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y en la medicina personalizada de precisión.

Se hace necesario, por otro lado, la transparencia por ejemplo a la hora de publicar los diferentes indicadores que determinan la vitalidad de un sistema sanitario, entre ellos los resultados sanitarios y de salud que permiten ejercer de forma adecuada e informada el imprescindible derecho a la libertad de elección; por ello es importante contar con una Agencia de Información, Evaluación y Calidad que cuente con la colaboración de todos los agentes implicados.

Para todo ello, es esencial una financiación adecuada del sistema público que atienda a las necesidades derivadas tanto de la Atención Primaria y Especializada como de la asistencia sociosanitaria, reforzando el fondo de cohesión interterritorial que trate de evitar desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas.

Finalmente, un aspecto fundamental que no debe caer en saco roto, ante una medicina cada vez más multidisciplinar y participativa es imprescindible impulsar la cooperación privada-pública no solo en el ámbito asistencial, sino también en el de la innovación, de hecho, cada vez son más los proyectos e iniciativas europeas que cuentan con múltiples operadores que suman sus esfuerzos en aras a la consecución de un objetivo ambicioso común y en los que España tiene una participación muy destacada. De esta forma, se está estrechando por ejemplo el “cerco al cáncer” mediante la simbiosis de la medicina y la tecnología, tal es el caso de una iniciativa internacional de carácter público-privado con participación destacada de España a través de empresas y organizaciones líderes en innovación digital como es el caso de GMV, su nombre M²OLIE (Mannheim Molecular Intervention Environment), un campus de investigación financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania cuyo objetivo es “extender la supervivencia de los pacientes con cáncer a través de métodos de tratamiento innovadores y hacer del cáncer una enfermedad crónica” en aquellos casos que plantean un peor pronóstico o que cursan con oligometástasis.

En definitiva, el cerco a las enfermedades complejas, no resueltas hasta el momento, como puede ser el caso del cáncer o de las enfermedades neurodegenerativas o de las enfermedades denominadas poco frecuentes entre otras, cada vez se concreta más en un abordaje multidisciplinar en el que diferentes profesionales del ámbito público y privado, de las diferentes ramas del saber, colaboran abierta y estrechamente en red, aprovechando las diferentes herramientas y recursos digitales para conseguir una mejora evidente del pronóstico, bienestar y calidad de vida de todos los ciudadanos.