La situación pandémica acontecida y el mal augurio de muchos expertos de que el coronavirus sea una de las primeras grandes pandemias que viviremos en Occidente, ha hecho que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley por el que se creará el Centro Estatal de Salud Pública, cuya localización final aún no se ha delimitado.

Con ello, el Estado contará con un organismo que aglutinará las competencias y funciones necesarias para coordinar las futuras y eventuales emergencias sanitarias que, por desgracia, se ciernen que puedan acontecer en un futuro tras el COVID.

En materia competencial de la Salud, el Estado no posee una capacidad de respuesta sanitaria y asistencial a la población, función transferida prácticamente en su totalidad a las Comunidades Autónomas, con las excepciones de Ceuta y Melilla en la que el Estado aún gestiona el sistema sanitario de las ciudades autónomas, los profesionales de Sanidad Exterior, que tan presentes han estado en estos dos últimos años en los controles sanitarios de los aeropuertos, y los dos y únicos hospitales militares que aún perduran en España.

El Estado, acrecentado por la crisis sanitaria vivida, ha sido consciente de la posible existencia de futuras amenazas a la salud pública que van a afectar al conjunto de la población española, exigiendo contar con un componente organizacional y de coordinación, que será clave para poder incardinar la labor sanitaria de las diferentes comunidades.

Aun desconociéndose muchos detalles de este Centro Estatal de Salud Pública, cabe resaltar el importante papel que en él tendrán diferentes profesionales, tanto del mundo sanitario, como otros trabajadores que velarán por la salud pública, como es el caso del Ejército, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los veterinarios piden estar integrados en el Sistema Nacional de Salud y ser tenidos en cuenta en las posibles crisis que puedan acontecer en la salud pública

Mención especial quiero hacer a los veterinarios, cuyos profesionales contribuyen de forma indirecta en la salud y vida humana, como nos lo han demostrado en la pandemia sufrida por el coronavirus, y que siguen en una reivindicación, nada novedosa entre su colectivo, de que su actividad sea considerada una profesión sanitaria.

Si bien es cierto que la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, establece que los veterinarios, junto a otros profesionales, tienen la consideración de sanitarios, en la práctica este aspecto no se materializa.

La misma Ley señala la labor del profesional veterinario, que además de la que todos conocemos de velar por el cuidado y salud del mundo animal; se encarga también “(…) del control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, así como la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y sus enfermedades”.

Y son estas labores aquí resaltadas, las que evidencian la importancia de la actividad veterinaria en la salud pública.

El profesional veterinario cuando comprueba el estado de salud de los animales, o de los alimentos producidos o procesados a partir de estos, investiga las posibles y potenciales enfermedades zoonóticas que pueden estar presentes, y cómo estas pueden provocar brotes que supongan un peligro a la salud pública, pudiendo prevenir y alertar a tiempo.

Esta función ha sido de vital importancia en el contexto sanitario vivido, y que aún se estima necesario en un futuro más o menos lejano.

Los veterinarios piden estar integrados en el Sistema Nacional de Salud y ser tenidos en cuenta en las posibles crisis que puedan acontecer en la salud pública. Algo que no se da en la actualidad, o se hace en una entidad relativamente escasa en las comunidades autónomas en las que se han desgranado a su favor las competencias sanitarias.

Pero no es el único problema que sufren; también exigen la creación de especialidades universitarias en el campo de la veterinaria como ocurre en otros territorios de la Unión Europea, que los establecimientos de la veterinaria sean considerados como centros sanitarios, además de pedir un trato más igualitario en las oposiciones a puestos públicos, no estar sujetos a un 21% de IVA en sus intervenciones y tratamientos, o que se cumpla con el  Reglamento Europeo 2019/6, en el que se reconoce a los veterinarios de toda la Unión Europea la facultad de dispensar al por menor medicamentos veterinarios, y que salvo en España y en Suecia, tiene aplicación en todo el territorio de la Unión.

En esta senda, en abril de este año convocaron una manifestación nacional donde reclamaron su condición de sanitarios esenciales, con el apoyo de diferentes colectivos de la veterinaria.

Esta inclusión sería crucial para que expertos veterinarios pudiesen gestionar los posibles problemas de salud pública, y ser partícipes en las decisiones tomadas. Y máxime cuando según WWF España y distintos colectivos veterinarios, en torno al 70 por ciento de las enfermedades víricas y bacterianas que los seres humanos hemos padecido en los últimos años son consecuencia de una zoonosis, es decir son enfermedades transmitidas por animales a los seres humanos. Algunos ejemplos de estas últimas han sido el Ébola, el Mers, el SARS, la preocupante y actual viruela del mono, o probablemente el COVID-19.

Todo ello evidencia la importancia de que el profesional veterinario sea partícipe en la gestión de las crisis sanitarias, y que tuviesen un reconocimiento que ha sido relegado en la práctica.

Nuestro país cuenta con importantes epidemiólogos veterinarios como Nacho de Blas, o Juan José Badiola, que han jugado un papel muy importante en la situación sanitaria que vivimos.

A este problema, o demérito, se une la exclusión del colectivo veterinario en la concesión de la Gran Cruz del Orden Civil, cuando otros profesionales sanitarios si la recibieron, o mi recurrente queja de que no se haya invertido en los últimos años en un sistema capaz de hacer frente a eventuales epidemias.

Como dirían nuestros mayores, nunca es tarde si la dicha es buena, pero solo espero que más pronto que tarde, estos profesionales sean tenidos en cuenta como merecen.