El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, viejo confiable en la búsqueda de acepciones, concibe el verbo digitalizar como la acción de “Convertir o codificar en números dígitos, datos o informaciones de carácter continuo, como una imagen fotográfica, un documento o un libro”. Y más enfocado en el terreno sanitario, el glosario de términos de la Estrategia Mundial sobre Salud Digital 2020–2025 de la Organización Mundial de la Salud, lo entiende como “el campo del conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud”. En este mundo digital en el que nos encontramos, con avances punteros

Han pasado casi cinco años desde que Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pronunciara en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Atención Primaria de la Salud (APS) del año 2018, que “la salud es un derecho de las personas y una responsabilidad de los Estados”. Una responsabilidad que no se limita a la prestación de un servicio sanitario de calidad a su población, sino que también se extiende al sistema educativo, donde los poderes públicos tienen un compromiso al respecto, y en donde se hace preciso diseñar currículos académicos en sus propuestas formativas que eduquen a la sociedad en la promoción de

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, recoge la humanización como la “acción y efecto de humanizar o humanizarse”, entendiéndose como tal el “hacer humano, familiar y afable a alguien o algo”, o en su segunda acepción el hecho de “ablandarse, desenojarse, hacerse benigno”. Trasladar esta noción a la esfera sanitaria parece una tarea compleja, máxime en la sanidad pública en cuanto a su dimensión, influencia y complejidad presupuestaria. Pero no estamos ante un concepto novedoso, ya en el año 1985 se promovió el “Plan de Humanización de la Asistencia Hospitalaria” por la Subdirección General de Atención Hospitalaria del antiguo INSALUD, donde contemplaba la humanización como

En la senda de los avances tecnológicos, y su incidencia en el campo sanitario, conviene detenerse en el influjo de la telemedicina, cuya implementación ya tuvo un importante progreso en la red sanitaria pública y privada a causa de la crisis del coronavirus, y que ahora parece que ha venido para quedarse, para alegría de unos y desgracia de otros. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a más de 1.300 entidades sanitarias y al 80% los hospitales privados españoles, consideró el pasado mes de enero a la telemedicina como el futuro de la atención sanitaria, visualizándolo como un complemento de la atención médica, pero sin

Ya en el año 2020, haciéndome eco del Informe Anual de 2018 del Defensor del Pueblo, alerté aquí de un problema recurrente entre la ciudadanía y los profesionales sanitarios, la descoordinación entre las administraciones sanitarias y la concentración del historial médico. Señalaba entonces el Informe del Defensor del Pueblo que “las dificultades asociadas a la dispersión o la ubicación geográfica dan lugar también a disfunciones (…)” reconociendo que tales dificultades “(…) repercuten en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos (…)”. Máxime en los casos de “(…) los desplazamientos de los pacientes, motivados en muchos casos por la necesidad que encuentra la Administración a la hora de

La situación pandémica acontecida y el mal augurio de muchos expertos de que el coronavirus sea una de las primeras grandes pandemias que viviremos en Occidente, ha hecho que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley por el que se creará el Centro Estatal de Salud Pública, cuya localización final aún no se ha delimitado. Con ello, el Estado contará con un organismo que aglutinará las competencias y funciones necesarias para coordinar las futuras y eventuales emergencias sanitarias que, por desgracia, se ciernen que puedan acontecer en un futuro tras el COVID. En materia competencial de la Salud, el Estado no posee una capacidad de respuesta

Ya con la entrada en vigor del Real Decreto 286/2022, se pone fin al uso obligatorio de las mascarillas en los espacios interiores. De esta manera España se une, junto a otros países, a una fase de gripalización de la enfermedad, marcando los pasos a una era post COVID. Una medida que se ha vendido por el gobierno, y por muchos medios de comunicación, como un triunfo, como si fuese el fin de la pandemia, anunciado a bombo y platillo el fin de las mascarillas, cuando más bien estamos ante el final de un uso obligatorio de estas en los espacios interiores. Y se ha hecho de una forma

La situación pandémica en la que hemos vivido, y en la que por desgracia aún nos encontramos, con su incertidumbre, sus continuas bajas laborales, ya sea por contraer directamente la enfermedad o al ser contacto estrecho de un positivo, aunado a las restricciones y limitaciones a la movilidad, y el desconocer cuál iba a ser el futuro profesional, con los ERTES y los cierres de establecimientos, o la sobrecarga de trabajo entre los profesionales esenciales, ha hecho mella en la salud mental de todos nosotros. Un problema que ha acrecentado el burnout o síndrome del trabajador quemado, un trastorno que desde el pasado 1 de enero de este año,