En la práctica venimos advirtiendo la necesidad de que en materia de publicidad en el sector salud y sin perjuicio de las estrategias comerciales de las empresas, de cumplir con lo dispuesto en nuestra normativa sanitaria, así como la de conocer las limitaciones legales existentes y, por supuesto, las obligaciones deontológicas que aplican en dicha materia. Actualmente, en nuestro país existe un gran número de normas que regulan la publicidad sanitaria, lo que deriva en un gran desconocimiento de las mismas por los distintos agentes por la falta de especificidad y actualización. La Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad define la publicidad como toda forma de

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, incorpora a nuestro derecho la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre del 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (“Directiva de Whistleblowing”) con el firme propósito de “Resulta importante asentar en la sociedad, la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la Ley y no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos”. Esta norma además de regular de forma detallada los citados canales de denuncia, también otorga

Hemos tenido la impresión de que la actividad de los denominados vloggers, influencers o “prescriptores de opinión”, que en la actualidad gozan de tanta relevancia en el mercado audiovisual desde el punto de vista de la inversión publicitaria y del consumo, especialmente, entre el publico más joven, poco impacto pudiera llegar a tener en el sector salud. No obstante, con la evolución del uso de redes sociales y las nuevas estrategias de comunicación por parte de algunas empresas, la realidad viene a ser bien distinta. A pesar de las restricciones existentes en materia de publicidad sanitaria, en pro de un derecho tan preciado como es la salud, asistimos a

La obligatoriedad del pasaporte COVID es una medida perfectamente viable que sí se puede adoptar, como se han adoptado otras a lo largo de la pandemia como los cierres perimetrales o la limitación de aforo. A partir de la STS de 14 de septiembre de 2021, se han sucedido otras resoluciones de las Salas correspondientes de los TSJ de Cataluña, Baleares (convalidando el Pasaporte COVID para sus respectivas reaperturas del ocio nocturno). El Tribunal Supremo lo autorizó en Galicia en septiembre, y en Murcia, mediante auto de 1 de octubre de 2021, concluyó que “la mera exhibición momentánea ante los organizadores del evento para acceder voluntariamente a unos conciertos