El pasado 20 y 21 de noviembre, tuvo lugar el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario bajo el lema Europa marco jurídico para la salud del Siglo XXI. Desde la Asociación Española de Derecho Sanitario siempre hemos partido del convencimiento de que, la salud no es solo medicina, ni alcanzarla es solo un derecho, sino que profesionales sanitarios y juristas deben caminar juntos. No obstante, ese camino compartido debe efectuarse desde el convencimiento de que la protección de la salud ha trascendido del ámbito nacional y es imprescindible analizarla desde una perspectiva europea. En la actualidad, la agenda normativa que enfrentamos se articula sobre dos grandes ejes: por un

En octubre del 2016, hace 9 años y con motivo del XXIII Congreso Nacional de Derecho Sanitario español, ya tuvimos la oportunidad de debatir los problemas jurídicos que pudieran venir asociados a las grandes crisis sanitarias: químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y/o terroristas. El doctor europeo en Derecho e investigador distinguido del Grupo de Derecho y Genoma Humano de la Universidad del País Vasco, Íñigo de Miguel Beriain recordaba que el sistema sanitario español “sigue centrado en el individuo”, lo que no lo enfoca a una correcta cobertura ante posibles crisis sanitarias. De Miguel advertía entonces que no era oportuno dejar las cosas “a la improvisación”, comentando por otro lado

La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito sanitario plantea importantes retos sobre el régimen de responsabilidad exigible a los diferentes actores involucrados en el acto sanitario. El crecimiento exponencial de reclamaciones por daños de salud año tras año es una realidad que cada vez más obliga a nuevas soluciones en la gestión de las reclamaciones, pero sobre todo en materia de derecho sanitario adelantarnos a los posibles escenarios para ofrecer soluciones. No obstante, para poder entender hacia dónde vamos, debemos recordar de dónde venimos. Una de las causas del incremento de reclamaciones en materia de responsabilidad tiene que ver con la propia evolución de la concepción

El derecho al olvido oncológico es una medida legislativa que busca proteger a pacientes supervivientes de cáncer de cualquier posible discriminación en la contratación de seguros y productos financieros. Esta iniciativa, que ha sido adoptada en varios países europeos, se ha implementado recientemente en España a través del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. Este decreto modifica la Ley de Contrato de Seguro y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, estableciendo que las personas que hayan superado un cáncer no están obligadas a declarar su situación a la hora de contratar seguros, siempre y cuando hayan transcurrido cinco años desde la finalización del

¿Es extrapolable a nuestro país el blindaje constitucional del aborto que Francia efectuó el pasado 4 de marzo de 2024? La Torre Eiffel se iluminó ese día con un mensaje inusual: “Mi cuerpo, mi elección”. Era la forma de celebrar que los legisladores franceses acababan de consagrar el derecho al aborto en la Constitución, un hito histórico, pues se trata del primer país del mundo en reconocer e incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en su Carta Magna, desde que la ex Yugoslavia lo inscribió en su Constitución de 1974. La Constitución de Serbia de 2006 mantiene ese espíritu y establece que "toda persona tiene derecho

En la práctica venimos advirtiendo la necesidad de que en materia de publicidad en el sector salud y sin perjuicio de las estrategias comerciales de las empresas, de cumplir con lo dispuesto en nuestra normativa sanitaria, así como la de conocer las limitaciones legales existentes y, por supuesto, las obligaciones deontológicas que aplican en dicha materia. Actualmente, en nuestro país existe un gran número de normas que regulan la publicidad sanitaria, lo que deriva en un gran desconocimiento de las mismas por los distintos agentes por la falta de especificidad y actualización. La Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad define la publicidad como toda forma de

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, incorpora a nuestro derecho la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre del 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (“Directiva de Whistleblowing”) con el firme propósito de “Resulta importante asentar en la sociedad, la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la Ley y no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos”. Esta norma además de regular de forma detallada los citados canales de denuncia, también otorga