Si bien aún no salimos de la vorágine en la que nos hemos visto inmersos a partir de febrero del 2020, podemos dedicar unos minutos a la reflexión necesaria que nos debemos para encarar las nuevas olas de la COVID-19. Como los aspectos relativos al diagnóstico y tratamiento de las afecciones que provoca el virus SARS-CoV-2 son tan variadas, desde este espacio solo debatiremos en esta ocasión respecto de la importancia de contar con pruebas diagnósticas rápidas y precisas. Las circunstancias hacen que se requieran pruebas diagnósticas que se produzcan rápidamente y en cantidades masivas, pero estas deben proporcionar resultados de alta calidad. Pero estas necesidades de rapidez, masividad

El primer trasplante de órganos del mundo se realizó en 1954. Se trató de un riñón procedente del hermano gemelo de un paciente. En 1965, el cirujano Josep María Gil-Vernet llevó a cabo el primer trasplante de un órgano en España, en el Hospital Clinic de Barcelona. Fue un trasplante renal obtenido de un cadáver. Estos procedimientos han mejorado continuamente y además las comunidades han ido alineando sus necesidades y criterios éticos de forma tal de garantizar los procesos transparentes de acceso a los órganos donados.

Mucho se ha escrito respecto del papel de las empresas de tecnología médica como “socio necesario” para acompañar los aumentos de demanda asistencial durante la pandemia del COVID-19.

La crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto que el sector de cuidados prolongados (centros sociosanitarios y residencias de mayores) es particularmente vulnerable en caso de epidemias. Según un artículo publicado por la OCDE se reconoce que “Los ancianos y sus cuidadores se han visto afectados de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19”.

La COVID-19 está presente en nuestros pensamientos, aparece en cada conversación que mantenemos, es el eje que vertebra nuestra economía y las políticas sanitarias desde hace dos meses, y por supuesto, está presente en muchos de los entornos por los que nos movemos.