El pasado 12 de abril salía la noticia que el Congreso de Ministros había aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Eficiencia Procesal[1], cuya finalidad es agilizar la actividad de justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a la sostenibilidad del sistema. Destacar de dicho Proyecto la introducción de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y consecuente reforma de leyes procesales y el impacto que esto pudiera tener en nuestro sector sanitario y concretamente en los procedimientos de responsabilidad profesional sanitaria. Los acuerdos extrajudiciales en materia de responsabilidad profesional sanitaria son una práctica habitual, pero en la gran mayoría de los casos

Son muchos los retos a los que se enfrenta el Estado a nivel sanitario y especialmente las comunidades autónomas que por la configuración que la Constitución da al territorio español asumen estrategias y políticas en esta materia. La política farmacéutica siendo de interés común tiene su particular modo de desarrollo en cada comunidad tanto desde el punto de vista normativo como regulatorio por lo que en aras a la universalidad y no discriminación entre ciudadanos de las distintas comunidades autónomas deben adoptarse políticas farmacéuticas que aun no siendo totalmente coincidentes si lo sean en lo esencial, en los fundamentos que buscan la igualdad en las prestaciones a los pacientes.

Con la aprobación del documento sobre “Estrategia farmacéutica para Europa” en noviembre de 2020 por la Comisión Europea, se “pretende crear un marco regulador orientado al futuro y apoyar a la industria en la promoción de la investigación y las tecnologías que llegan realmente a los pacientes para satisfacer sus necesidades terapéuticas”. La actualización de la legislación farmacéutica de la Unión Europea es un asunto pendiente que tienen previsto para el año 2022, aunque esta terea es harto complicada por lo farragoso y exceso de normativa con la se tropieza a cada paso que se da. En este proyecto de ambicioso calado, el paciente se convierte en centro de

Viene de largo el tema, nada más que de 1998, hace veintitrés años que se publicó la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Madrid, veintitrés años en los que los farmacéuticos madrileños no se tendrían que haber cambiado la bata blanca, ni reformado la farmacia, ni asumido más funciones; plazo este en el que el tiempo no se ha parado en los aspectos de la vida cotidiana que se vive en la farmacia, todo menos precisamente la norma legal que regula y ordena su actividad que quedó varada en la arena mirando la extraordinaria demanda de servicios del proceloso mar social. Ya en la anterior legislatura de