La lucha contra el cáncer es, sin duda, cuestión prioritaria en la agenda de la Comisión Europea para los próximos años y ello es así porque se trata de la segunda causa de muerte.
El pasado 25 de junio entraba en vigor la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
El 2021 está llamado a ser un año muy importante para los pacientes oncológicos y sus familias y, por supuesto, para los profesionales sanitarios.
En la lucha contra la pandemia, la necesidad de encontrar una vacuna contra la COVID-19 ha constituido un objetivo de salud pública, pero igualmente un gran desafío, tanto por el escaso plazo de tiempo para su desarrollo como por el elevado coste inicial que supone para los fabricantes al igual que por el alto índice de fracaso de los ensayos clínicos.
Si preguntamos hoy a la población española qué es lo que le preocupa, presumiblemente la respuesta sería: la economía, situación política y la pandemia; al menos esa sería la mía.
Si recordamos un pasado, bastante reciente, nos llegó la declaración de estar en Estado de Alarma cuando entró en vigor, a través del Real Decreto 463/2020. Y con este Real Decreto, de técnica legislativa y fondo jurídico más que cuestionable en muchos aspectos, ha llegado la era del oscurantismo de las instituciones y poderes públicos. En definitiva, el Estado de Alarma llevó a dejar suspendida, la “Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y bien gobierno”. Esta norma del 2013, con rango de Ley, y de ámbito nacional tienen un título claro y contundente, que ha quedado “congelado” gracias al COVID-19. Si bien
Es indudable que la transparencia y el acceso a la información, están estrechamente ligados a otros valores como la honestidad, la sinceridad o el respeto.
Van transcurriendo los meses desde que se inició la pandemia y la esperanza de ver su fin, por ahora, no parece asentarse sobre bases sólidas.
La sociedad española, orgullosa de su sistema sanitario, se ha visto sumida en una crisis de proporciones hasta hace poco inimaginables. 20.000 muertos, decenas de miles infectados y miles de médicos, enfermeros y otros muchos trabajadores, empleados públicos y voluntarios contagiados son muestra inequívoca de la magnitud y crueldad de la pandemia en España. Las UCIs atestadas, los hospitales al borde del colapso, los improvisados hospitales de campaña y la entrega generosa de los sanitarios van a permanecer durante mucho tiempo en nuestra retina. A pesar de la falta de un plan de contingencia ante el riesgo anunciado por la OMS y de la deficiente coordinación, es seguro que
A raíz de la declaración de pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo de 2020, como consecuencia del brote de coronavirus que asola a todo el planeta, nuestro Gobierno se ha visto obligado a acometer una serie de medidas de urgencia con incidencia en todos los sectores de la sociedad, con especial impacto en el ámbito sanitario y económico. El presente artículo pretende analizar la actuación normativa del Gobierno español desde el sábado 7 de marzo hasta el día 14 de marzo, fecha en la que se decreta el estado de alarma en España, con la consiguiente incidencia práctica
