Van transcurriendo los meses desde que se inició la pandemia y la esperanza de ver su fin, por ahora, no parece asentarse sobre bases sólidas.

La sociedad española, orgullosa de su sistema sanitario, se ha visto sumida en una crisis de proporciones hasta hace poco inimaginables. 20.000 muertos, decenas de miles infectados y miles de médicos, enfermeros y otros muchos trabajadores, empleados públicos y voluntarios contagiados son muestra inequívoca de la magnitud y crueldad de la pandemia en España. Las UCIs atestadas, los hospitales al borde del colapso, los improvisados hospitales de campaña y la entrega generosa de los sanitarios van a permanecer durante mucho tiempo en nuestra retina. A pesar de la falta de un plan de contingencia ante el riesgo anunciado por la OMS y de la deficiente coordinación, es seguro que

A raíz de la declaración de pandemia global por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo de 2020, como consecuencia del brote de coronavirus que asola a todo el planeta, nuestro Gobierno se ha visto obligado a acometer una serie de medidas de urgencia con incidencia en todos los sectores de la sociedad, con especial impacto en el ámbito sanitario y económico. El presente artículo pretende analizar la actuación normativa del Gobierno español desde el sábado 7 de marzo hasta el día 14 de marzo, fecha en la que se decreta el estado de alarma en España, con la consiguiente incidencia práctica

El pasado 12 de febrero de 2020 se presentó en el Congreso de los Diputados por iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, la “Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia”, que fue aprobada por un amplio respaldo de 201 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones.

De manera profusa se habla de la humanización en la asistencia sanitaria. Existe una creciente conciencia en el ámbito sanitario sobre la necesidad de que la prestación de salud no sea únicamente técnica, sino también humanizada, que cuide las emociones de las personas, así como se tenga en cuenta su entorno, sus valores, sus condiciones sociales y, especialmente, su vulnerabilidad. En el caso de las enfermedades crónicas y especialmente en el ámbito de las enfermedades raras, al que aquí nos venimos a referir; el padecimiento de estas, llevan normalmente a situaciones de discapacidad, incapacidad y dependencia, que deben ser valorados por los servicios sociales que correspondan, debiendo pasar estos

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUNIO DE 2017 HECHOS Las actuaciones son originadas a causa de la asistencia sanitaria prestada a la parte recurrente, cuando fue ingresada en el hospital con el fin de someterse a una intervención para tratar una fractura de fémur. A la paciente, que tenía pautado un tratamiento continuado de corticoides, le fueron suprimidos los tres días que estuvo ingresada en el hospital, por lo que se le desencadenó una insuficiencia aguda suprarrenal, seguida de un shock perioperatorio que le produjo daños neurológicos definitivos. La reclamación ascendió a una indemnización total de 630.000 euros, por incapacidad temporal y secuelas incluyendo el

Las asociaciones de pacientes y sus socios miran con preocupación la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que avala la procedencia de los despidos objetivos por faltas de asistencia al trabajo