Viene siendo normal que las leyes sean aprobadas para ordenar la actividad humana en cualquiera de sus facetas, es por ello que cualquier norma, del rango que sea, que se apruebe y aparezca, sea para cubrir esa necesidad de respuesta legal a las cuestiones que le conciernen.

Es verdad que la capacidad normativa en España está elevada a la máxima potencia, como es verdad que, aunque se proclaman leyes y normas por doquier, en bastantes ocasiones, o duermen el sueño de los justos, o no terminan de desarrollarse con la aprobación del correspondiente reglamento que las pueda hacer aplicables.

Es verdad, también, que la calidad normativa en España ha descendido en los últimos tiempos. Cada vez se legisla peor, no sé si será porque del horno legislativo deben salir normas y leyes lo más rápido posible, de forma que den cabida a las siguientes que seguirán la misma suerte que las anteriores, en una ceremonia de la confusión dónde impera la excesiva normativa y sin sentido; un mundo dónde el recurso es un instrumento que se proclama como el rey para evitar desmanes.

‘La capacidad normativa en España está elevada a la máxima potencia’

Épocas hubo en las que las leyes no es que fueran eternas, pero sí duraderas en el tiempo, con criterios jurisprudenciales en sus aplicaciones y con el reconocimiento de juristas y tribunales; un ejemplo claro en el sector sanitario es la Ley General de Sanidad o la Ley del Medicamento.

Preocupa, por tanto, no que salgan muchas leyes y normas administrativas, sino que lo que apruebe el legislativo no lo haga con una calidad media aceptable, que no sea insulto a juristas y que desde luego que sean aplicables.

Quienes en nuestra vida profesional hemos tenido que atender reformas legales, en no pocas ocasiones hemos tropezado con el problema de la aplicación del parche que se hizo y que terminó publicándose en el BOE. Juristas en general nos hemos sentido y seguimos sintiéndonos inseguros cuando a la hora de aplicar determinadas leyes no sabemos cuál pueda ser la dirección correcta; esto al justiciable le genera una clarísima indefensión.

Desde leyes que nada más salir se dejan sin efecto a leyes que a base de parches terminan siendo un verdadero ejemplo de lo que son los malos remiendos dictados a golpe de ocurrencia.

Hoy para tener completo un texto legal debemos ir recopilando las modificaciones de otras modificaciones, que a su vez fueron modificadas, en definitiva…un desastre que se fomenta cada vez más desde el poder legislativo que pareciera, en muchos casos, haber perdido la sensatez.

A mis alumnos de la universidad, cuando les hablo de legislación farmacéutica, de antemano les advierto que no se trata de aprender una ley, se trata de saber buscar qué norma les afectará en cada momento de su trabajo, para evitar responsabilidades. No deberán ser ilustrados en materia legal (que para un farmacéutico no es fácil), sino un avispado sabedor y buscador de la norma que le afecte en cada momento, y no es fácil, como no sería fácil, por ejemplo, que a los conductores nos cambiaran las señales de tráfico periódicamente por ocurrencia de la Dirección General de Tráfico.

No se puede pretender tener una justicia eficaz si no se tiene clara la norma que ha de aplicarse, la seguridad jurídica de cualquier ciudadano debe ser una prioridad como lo es la salud pública y lo uno, sin lo otro, además de inseguridad también genera desigualdad.