La lucha contra el cáncer es, sin duda, cuestión prioritaria en la agenda de la Comisión Europea para los próximos años y ello es así porque se trata de la segunda causa de muerte.

El “Plan“ europeo fija las orientaciones políticas en esta materia y asigna a los Estados Miembros responsabilidades concretas para reducir el sufrimiento de los pacientes y de sus familias, responsabilidades y medidas que buscan situar a Europa a la cabeza de la investigación, de la innovación terapeútica, de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento de esta enfermedad.

Hablando de innovación terapeútica, hay que resaltar el notorio éxito de los tratamientos oncológicos en base a la combinacion de terapias dirigidas e inmunoterapia, éxito que se traduce en mejor tasa de supervivencia y en mejor calidad de vida de los pacientes.

Esos excelentes resultados han llevado a la Agencia Europea de los Medicamentos (EMA) a autorizar combinaciones farmacológicas para los distintos tipos de cáncer (ovario, mama, pancreas, colorrectal, melanoma, LLC, tumores cerebrales….). Tras esas autorizaciones los Estados Miembro de la UE vienen incorporando estos tratamientos a sus respectivas carteras de servicios.

Asi suele suceder en Espana, pero con una exclusión incomprensible para los pacientes con cncer renal. Se trata de una exclusión que chirría aun más si tenemos en cuenta que en 2021 se acaban de aprobarn criterios y directrices generales para TODOS los pacientes en el marco de la Estrategia española contra el cáncer.

En efecto, de las cuatro combinaciones farmacológicas aprobadas por la EMA para el cáncer renal no se ha incluido hasta ahora ni una sola en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Se da así la espalda a mas de 66.009 los pacientes con cáncer renal en nuestro país y se mira para otro lado pese a que la incidencia media es de 6.000 casos/año con un promedio de 2.000 fallecimientos.

Resulta incomprensible el cerrojazo a tratamientos que han sido autorizados por la EMA después de ensayos exitosos.

También sorprende la poca sensibilidad ante el aumento del cáncer renal en España. Segín los últimos registros, en el año 2020 se diagnosticaron más de 8.500 nuevos casos. A ello hay que unir que, a día de hoy, en el momento del diagnóstico, el 25% de los pacientes presenta ya estadios avanzados, de modo que las terapias tradicionales (cirugía, quimioterapia…), cuando se aplican, llegan tarde y con resultados muy limitados.

Además, estos problemas de diagnóstico y tratamiento del cáncer renal, serios de por sí, se han agudizado por causa de la crisis sanitaria se la COVID-19. Esto supone que, en definitiva, los pacientes con cáncer renal han visto empeorada su posición dentro de nuestro sistema sanitario y, “de facto”, son objeto de un recorte inaceptable en su derecho a recibir de las autoridades sanitarias medidas adecuadas que protejan su salud (artículo 43 de la Constitución).

Estamos ante un empeoramiento asistencial y ante un recorte en el acceso y financiación de nuevas y eficaces terapias, que dan excelente resultado en forma de mayor supervivencia para los pacientes renales, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno.

Los pacientes con cáncer renal han visto empeorada su posición dentro de nuestro sistema sanitario y, ‘de facto’, son objeto de un recorte inaceptable en su derecho a recibir de las autoridades sanitarias medidas adecuadas que protejan su salud

Es cierto que a través de la vía de ensayos (pero solo en determinados hospitales) se está intentando suavizar esta situación, pero ello no resuelve el problema de fondo: el acceso equitativo a los tratamientos innovadores, de modo que los logros de algunos hospitales se ven oscurecidos por las desigualdades y la inseguridad para los pacientes con cáncer renal.

En efecto, desde 2015 nueve mil pacientes en 80 centros participan en 15 estudios clínicos, pero esto no basta.

Haría falta dar un paso adelante y normalizar el acceso de los pacientes de cáncer renal a estas terapias innovadoras, de modo que las combinaciones farmacológicas autorizadas por la EMA pasen, por fin, a ser tratamientos financiados y estandarizados.

Las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes así lo reclaman a las autoridades sanitarias. Habría que poner fin al excesivo retraso en el acceso de los pacientes a estas nuevas terapias, tras ser autorizadas por la EMA (retrasos a veces hasta cuatro años).

El objetivo sería no superar los 13 meses de la media europea, estableciendo a tal fin una “fast track”. Y ello, porque hablando de cáncer, siempre hay que tener en cuenta el factor tiempo. Los retrasos en el tratamiento adecuado no son cosa menor. Los retrasos pueden costar vidas.