Queremos en esta columna, exponer, de forma muy general, el posicionamiento del sector de la industria farmacéutica en relación con la transparencia, con la exigencia de acceso a la información que implica, y la ineludible rendición de cuentas que lleva aparejada este término “transparencia”. La industria farmacéutica, tiene a día de hoy, desde una perspectiva basada en la transparencia de la vigente Ley 19/2013, y el derecho de acceso a la información, una deuda pendiente con la transparencia. No obstante, no podemos ignorar que, por un lado, en nuestro país existe una cierta cultura, en el sector sanidad en general, y más en industria farmacéutica, de resistencia a dar

Como continuación a nuestra última columna, y teniendo presente que el sentido ético es fundamental para el desarrollo de los negocios y que en sanidad este sentido ético cobra una especial relevancia, la transparencia, por ende, también posee una relevancia superior. Para ello, la forma más eficaz es lo que ya se viene haciendo en las empresas sanitarias, sea del tipo que sean:  involucran a sus grupos de interés y fortalecen sus relaciones en base a la confianza. Las empresas que establecen códigos como herramienta para la gestión de la ética empresarial son empresas que están a la vanguardia, que son competitivas y que tienen claro que no son

En diversas ocasiones hemos abordado en nuestra columna la doble vinculación que existe entre ética/transparencia y cómo, desde el principio y pilar de la trasparencia, la empresa gestiona una nueva cultura corporativa. Realmente no deberíamos olvidar que no estamos tratando sino de una novedad. Al contario la ética, como valor moral y esencial, del “buen hacer”. Creemos que tratar de nuevo este tema unido al Código Ético empresarial, supone una necesidad para el sector sanitario. Así pues, se incorpora la ética y la transparencia como factores de competitividad a las empresas y permite que estas puedan desempeñar su labor en un entorno favorable que incentiva la inversión y que

Puede parecer que en estos tiempos que corren hablamos de una fantasía, de un paradigma imposible. Pero, independientemente de que esto, tiene cierta parte de verdad, lo importante es que el gobierno abierto es ya, parte de una realidad tangible, amparada por la ley, con mayor o menor existo dependiendo de diversas variables. Eso sí que es indiscutible. La confianza se convierte, en el gobierno abierto, en un indicador de una sociedad cohesionada y saludable, de un sistema político estable y, en consecuencia, en una aspiración para los actores políticos y para la construcción de una sociedad civil y un estado sólido y democrático, con respeto en el ciudadano

E l gobierno corporativo es un elemento necesario dentro de las organizaciones de salud, puesto que favorece la prevención de los conflictos de interés y fallos en la prestación de los servicios. Con él se han de generar canales claros de rendición de cuentas hacia todas las partes interesadas, involucrando a los usuarios, trabajadores, proveedores, el gobierno y la comunidad en general. Es decir, nos cruzamos con el derecho a la transparencia, en este caso aplicada a la actividad sanitaria. Se trata de la necesidad de hacer una rendición de cuentas y del acceso a la información que ésta implica, ya sea parte el interesado, el ciudadano, el cliente,

Como continuación a nuestra columna anterior, y en relación a la complejidad del gobierno corporativa, que ha venido a tener el lugar de la RSC, podemos indicar que la transparencia se configura como eje principal sobre el que se construye el gobierno corporativo, cuyo encaje se encuentra en las pymes (en el sector público diríamos gobernanza o buen gobierno). Dicho lo anterior debemos repasar el sentir, si se me permite esta expresión de lo que es transparencia y sus motivos, para luego pasar a establecer y comentar como con la transparencia pasamos al buen gobierno corporativo. La transparencia empresarial implica comunicar a los grupos de interés, de manera honesta,

Desde hace décadas se debate a nivel mundial sobre la naturaleza del derecho de acceso a la información pública. En la actualidad, puede hablarse de una decantación mayoritaria hacia su consideración como derecho fundamental. En España, el debate, ha sido particularmente intenso, muy especialmente a partir de la tramitación, aprobación y entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIPBG). La práctica totalidad de los estados de la Unión Europea y otras organizaciones regionales no europeas han evolucionado de tal manera que se deriva un amplio consenso en cuanto a la necesidad de reconocer